MC presentan denuncia de juicio político contra Olga Susana Méndez, presidenta de CEDH
Esto, por hacer uso faccioso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
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Olga Susana Méndez Arellano | Especial
La Bancada de Movimiento Ciudadano presentó una denuncia de juicio político en contra de Olga Susana Méndez Arellano, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Esto, por hacer uso faccioso de esta institución, pues de acuerdo con la vicecoordinadora y Vocera Oficial, Sandra Pámanes, desde su designación, en diciembre del 2023, hasta el momento, Méndez Arellano, ha usado a la CEDH para integrar en la nómina de este organismo a personal militante del PRIAN.
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“Lo peor es que en organismos como este se favorece a algún partido político, en este caso al PRI y al PAN”, comentó Pámanes.
Destacó además que incluso existe una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de la titular de la CEDH, por otorgar bonos económicos de forma irregular en al menos 15 funcionarios más, allegados al prianismo.
“De ahí también viene nuestra solicitud de juicio político (…) Ha decaído en su funcionamiento al momento en que ha preferido en muchos momentos seguir la línea de quienes la impulsaron para ocupar este cargo, como lo es Francisco Cienfuegos y en el caso del PAN, Carlos de la Fuente”.
La Diputada emecista Norma Benítez también señaló la falta de objetividad de la CEDH desde que Méndez Arellano fue designada como presidenta.
“Su falta de objetividad que ha tenido ante diversos temas vemos que los grupos políticos del PRI y PAN tienen captado a este organismo con una inclinación hacia ellos”, manifestó.
Luis Susarrey, diputado local del PAN, presentó una reformar a la Ley que crea el organismo público descentralizado denominado sistema de transporte colectivo "Metrorrey" otorgando a funcionarios públicos especializados en el tema y a la sociedad civil organizada de conformar el consejo de administración de este organismo descentralizado.
Se busca reformar en su artículo 5to fracción II, IV, V, VI y VII, derogando la fracción VIII, IX y X del mismo artículo.
Dijo que busca la entrada al consejo de administración al secretario de Movilidad y planeación urbana del estado, y que se eliminarían a los funcionarios del estado.
“Se busca eliminar el exceso de burocracia dentro del Consejo de administración e incluir a perfiles técnicos y especializados que avalen la toma de decisiones por el bienestar ciudadano en temas que afectan la calidad de vida de la ciudadanía.
“Proponemos quitar a todos los burócratas de este organismo y sumar a la sociedad civil para eficientar los procesos” mencionó Susarrey.
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Para garantizar el traslado de pacientes de Municipios rurales a hospitales del área metropolitana, el Diputado de Acción Nacional, Eduardo Leal Buenfil presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado.
“Queremos garantizar el traslado y retorno ambulatorios, digno, humano, eficiente y de calidad, en unidades móviles modernas, adecuadas y con el equipo médico y humano necesario, hacia los centros de atención médica en el área metropolitana, a los lugares donde se encuentren los centros hospitalarios, que brinden los servicios de salud necesarios, que la población requiera para garantizar su derecho a la salud, en beneficio de los grupos social y económicamente vulnerables de la población de todos los municipios en calidad rural o no metropolitanos, del Estado”.
Eduardo Leal explicó el objetivo de su propuesta.
“Para garantizar un sistema ambulatorio en Nuevo León, es decir, que haya ambulancias en las zonas rurales del Estado. ¿Por qué? Lo que pasa en mi Distrito, en el sur de Nuevo León y en toda la zona rural del Estado es que cuando hay un enfermo que necesita una especialidad; es decir, que tiene que venir al Materno Infantil, al Hospital Universitario, a uno de los shocks traumas, o el de salud mental, etcétera no existen los traslados en los Municipios rurales”, detalló.
El legislador panista aseguró que según la Organización Mundial de Salud por cada 100 mil habitantes se necesitan cuatro ambulancias y actualmente el Gobierno sólo cuenta con alrededor de 60 cuando deben ser al menos 200.
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