Fantasmas implicadas en lavado facturaron en 7 municipios de NL

Las cuatro empresas fantasma nuevoleonesas investigadas por la justicia argentina como parte de una red de lavado de dinero que involucra al círculo cercano de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner fueron contratadas por siete municipios del estado, los cuales pagaron al menos 34.9 millones de pesos a esas firmas.

Ayer, la plataforma MILENIO-Multimedios informó que entre el 14 de diciembre de 2016 y el 21 de abril de 2017, las empresas nuevoleonesas Construcciones Bulin, Jopa Negocios, Xangar Negocios y Servicios Corporativos Rixhon recibieron transferencias bancarias por seis millones 423 mil 230 dólares (además de operaciones en bolsa por nueve millones de dólares) de parte de las compañías estadunidenses Mother Queen, First All Inclusive, South Golden y Harbor Golden.

De acuerdo con la investigación “causa número 17.459/2018 -desprendimiento en causa número 9608/18 y su conexa 3867/16-”, iniciada por el Ministerio Público de la Nación de Argentina, todas esas firmas están presuntamente relacionadas con la red internacional que lavó 70 millones de dólares de Daniel Muñoz, ex secretario personal de los ex mandatarios de la nación sudamericana.

Sin embargo, una investigación realizada por este grupo de medios revela que Construcciones Bulin, Jopa Negocios, Xangar Negocios y Servicios Corporativos Rixhon fueron proveedoras de los municipios de China, Apodaca, Salinas Victoria, Zuazua, General Terán, Abasolo y Guadalupe.

Un análisis a la revisión de las cuentas públicas que la Auditoría Superior del Estado realizó en 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019 a esos ayuntamientos arroja que las cuatro compañías con sede en Monterrey, San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza realizaron cobros millonarios por servicios prestados, algunos de ellos cuestionados por el propio órgano fiscalizador.

De las cuatro empresas, una de las más favorecidas es Construcciones Bulin, que realizó cobros por un total de 30.8 millones de pesos a los municipios de China (18.3 millones), General Terán (10 millones), Zuazua (1.7 millones), Salinas Victoria (495 mil pesos) y Abasolo (304 mil pesos).

Esta empresa recibió en su mayoría importes millonarios por servicios de obra pública contratados por el municipio de China en 2016, 2017 y 2018, cuando el alcalde era Buenaventura Tijerina Cantú, de la coalición PRI y Partido Verde Ecologista de México, pero que en 2021 anunció que se adhería a Movimiento Ciudadano.

Construcciones Bulin cobró 10 millones de pesos en 2017 y 2018 al municipio de General Terán, cuando lo encabezaba el alcalde Eleuterio Villagómez Guerrero, de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza y Partido Demócrata.

La compañía, con objeto social vinculada a la actividad inmobiliaria y cuyos accionistas son (según la investigación de la justicia argentina) Francisco Gerardo Rivera Luján y Jesús Javier Elizondo Bernal, recibió en 2017 un monto por 1.7 millones de pesos del municipio de Zuazua, que presidía el entonces edil Hernán Francisco Chapa Gutiérrez, del PAN.

Los ex alcaldes perredistas José Félix Alemán Castillo, de Abasolo (2013-2015), y Gonzalo Elizondo Lira, de Salinas Victoria (2018- 2021), desembolsaron 303 mil 940 pesos por el mantenimiento de edificios, y 495 mil 850 pesos por un servicio desconocido, respectivamente, según el dictamen de la revisión de las cuentas públicas de los ejercicios 2015 y 2019 de ambos municipios.

Aunque solo realizó trabajos de obra pública, la ASENL estableció como no justificables los servicios de jardinería y fumigación que efectuó Construcciones Bulin al parque recreativo Las Lajas, en China, por 182 mil 470 pesos, según la póliza número 01020011 del 7 de febrero de 2018, amparado en la factura con folio número 6651.

Además, Bulin no solventó una irregularidad detectada de carácter económico, ni aclaró “la diferencia ni comprobación del reintegro del importe observado ante la Hacienda Pública del municipio”.

Además de Construcciones Bulin, el ex alcalde panista de Zuazua, Hernán Francisco Chapa Gutiérrez, también tenía en su red de proveedores a Xangar Negocios SA de CV, a la que le pagó 1.9 millones de pesos por capacitación y asesoría en 2017, a pesar de que la empresa se dedicaba a la compraventa de artículos sanitarios; algodón; material para instalaciones eléctricas y de sonido; y materias primas animales y vegetales.

Construcciones Bulin y Xangar Negocios comparten el mismo domicilio en una casa habitación de la calle Sierra Mijes 205, en el sector Valle Oriente, de San Pedro Garza García, y también pertenecen a un mismo accionista: Francisco Geraldo Rivera Luján, así como a otro de nombre Fernando Ramírez Méndez.

Por su parte, el municipio guadalupense, que encabezó el priista Francisco Cienfuegos Martínez, desembolsó 400 mil pesos a Xangar, mediante dos cheques de 200 mil pesos cada uno, identificados con los números 003200063560 y 003200063683, del 15 y 29 de noviembre de 2016, respectivamente, por concepto de la producción y montaje del espectáculo del 15 de septiembre de ese año, realizado por los grupos La Firma y Los Rojos, con motivo de la celebración del Grito de Independencia.

Xangar aparece también como proveedor número 507662, con Registro Federal de Causantes XNE120705K31, del gobierno del estado de Tamaulipas en 2017, pero no fue posible identificar contrato alguno.

Los municipios comandados por los priistas Óscar Cantú García (Apodaca, 2015-2018) y Heliodoro Gerardo Treviño Gutiérrez (Salinas Victoria, 2012-2015) pagaron un total de 2.1 millones de pesos a esta compañía acusada de lavado de dinero en Argentina, ubicada en Vicente Guerrero 421, en el Centro de San Nicolás de los Garza.

El municipio apodaquense desembolsó un millón 92 mil pesos para este proveedor, identificado con el número 025157, mediante 20 importes por concepto de compra de medicinas y atención médica, emitidos entre el 25 de abril y el 4 de mayo de 2016, a pesar de que su objeto social es la construcción.

En 2018 sus accionistas eran Cesáreo Macías Hernández y José Antonio Ojeda Garza.

Asimismo, Salinas Victoria pagó un millón 27 mil pesos en 2015 por concepto de mantenimiento y reparación de edificios, según el apartado de pagos y la cuenta pública de ese año.

Con domicilio en una plaza comercial ubicada en Álvaro Obregón 701, local 10, del Centro de Monterrey, esta empresa incluida en la investigación de la justicia argentina es la que menos fue beneficiada con pagos del sector público.

En la investigación aparece un pago de 500 pesos por servicio de hospedaje hecho por la Tesorería de Tamaulipas en abril de 2017 y otro importe de 62 mil pesos cubierto por el Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, AC, en abril de 2017, por concepto de capacitación de brigada de incendios nivel 2 en un campo de entrenamiento.

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