Inicia análisis de reforma constitucional de Samuel García en NL

El Pleno del Congreso local inició este miércoles el análisis y discusión de la primera vuelta de la iniciativa constitucional del gobernador Samuel García para reformar en su totalidad la Constitución de Nuevo León.

Al inicio de la sesión, Héctor García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, comenzó con la lectura del dictamen que contiene 223 artículos y cinco transitorios, y se prolongará hasta poco después de las 15:00 horas.

La semana pasada, Jessica Martínez, coordinadora de Morena, evidenció que no se estableció un congreso constituyente como se realizó en la Ciudad de México y como se estableció en el estado de Jalisco, también gobernado por Movimiento Ciudadano, en donde eran personas diferentes al proceso legislativo.

“Esta propuesta de esta iniciativa se entregó hace 10 días, lo que me parece un tiempo muy corto y es falso que es una nueva constitución, es obsoleta, ya que es cierto que viene desde hace 104 años y no es la misma que era originalmente”, acusó.

La morenista dijo que se añadieron 36 artículos, contenido a 11 artículos, y, de los anteriores, 20 fueron copiados de la Constitución de Ciudad de México.

Agregó que el 90 por ciento de la reforma integral a la Carta Magna es lo mismo que la vigente, y señaló que el 10 por ciento de los artículos están basados en la Constitución de la Ciudad de México.

De acuerdo con el dictamen 15138/LXXVI, que contiene la reforma integral de 223 artículos, en poder de MILENIO, adiciona herramientas para instrumentar el derecho a la justicia, a la tutela judicial, al debido proceso y la asistencia jurídica gratuita, permitiendo que todos tenga acceso a una adecuada defensa.

“Se modifican diversos derechos a la justicia, a la tutela judicial, al debido proceso, así como la defensa jurídica asistida, prevaleciendo el criterio de gratuidad cuando la persona o víctima no tenga los recursos necesarios para solventar dicho proceso jurídico protegiendo el derecho de las personas a tener una adecuada defensa, principio constitucional que guarda este ordenamiento”, se lee en el dictamen.

El Estado, indican las consideraciones, garantizará el acceso a la justicia cívica de todas y todos los habitantes de la entidad, a través de mecanismos de resolución de controversias sin intervención judicial, con el fin de promover una cultura de la paz que coadyuve con la prevención de los delitos y la recomposición del tejido social.

“El Estado deberá promover una ley que alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico de la Entidad, promoviendo la competitividad y productividad”, señala.

cog