Corte ordena mantener Defensoría Pública bajo responsabilidad del Poder Judicial de Nuevo León
La Corte dio a conocer que la Defensoría Pública debe seguir funcionando bajo la responsabilidad del Poder Judicial, dirigido por Arturo Salinas.
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La discusión inició cuando el Congreso aprobó quitarle al gobernador el Instituto de Defensoría Pública. / Leonel Rocha
A pesar de que la intención original era respaldar al Gobierno del Estado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la controversia constitucional 276 y confirmó la validez de los acuerdos y oficios que transfieren la Defensoría Pública bajo la autoridad del Poder Judicial del Estado.
Con una votación de tres ministros en contra del proyecto inicial y dos a favor, la Corte determinó que la Defensoría Pública debe seguir funcionando bajo la responsabilidad del Poder Judicial, actualmente dirigido por Arturo Salinas Garza.
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En su intervención, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, Presidente de la Primera Sala, acordó con otros dos de sus homólogos que, al estar de acuerdo con la declaración de invalidez de la controversia, así como de la validez de los acuerdos y oficios que reconocen la permanencia de la Defensoría Pública en manos del Poder Judicial, así debía pasar el resolutivo dentro del engrose final de dicha sentencia.
"En contra, considero que es infundada la controversia y que debe declararse la validez de los acuerdos de oficios y fundamentos.
"Habiendo mayoría, entiendo que coinciden el sentido de la señora ministra y el señor ministro respecto de que debe declararse infundada la controversia constitucional, y la validez del acuerdo y oficios impugnados, planteó la posibilidad de que pudiéramos sacarlo ya con ese sentido otra vez del engrose.
"En consecuencia, este asunto quedaría resuelto en el sentido de que es procedente y fundada la controversia constitucional, se reconoce la validez del acuerdo y oficios impugnados, y la publicación en el Diario Oficial de la Federación y en los otros medios. Infundado y se reconoce la validez, en ese sentido quedaría aprobado", dijo.
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Mientras que el proyecto del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue desechado con los votos de los ministros Pardo Rebolledo, Loretta Ortiz Ahlf, y Juan Luis González Alcántara Carrancá.
"Asunto número uno, controversia constitucional número 276 de 2023, actor, Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, el proyecto propone: primero, es procedente y fundada la controversia constitucional; segundo, se declara la invalidez del acuerdo y oficios impugnados; tercero, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta", se leyó en el proyecto inicial del Ministro Pardo Rebolledo que fue desechado por mayoría.
Así, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado será el órgano responsable de administrar y operar la Defensoría Pública, misma que antes estaba a cargo del Gobierno del Estado.
Lo anterior, después de un año de pugna y diferencias entre el Gobierno del Estado y el Poder Judicial por hacerse cargo de dicha dependencia.
Sin embargo, la legislatura pasada atendió una reforma constitucional a través del decreto 341 en el que precisamente se acordó que la defensoría pública pasaría a formar parte del Poder Judicial del Estado.
Incluso, llegó un momento en el que se establecieron dos sedes de la Defensoría, una por parte del Estado, y otra por parte del Poder Judicial; ambas con su respectivo titular.
Sin embargo, ya la Corte se pronunció respecto de este caso y dio la razón al Poder Judicial para que se encargue de una vez por todas, y de manera definitiva, sobre la operatividad de la Defensoría.
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