¿En qué consiste el 'plan b' de la Reforma Electoral y cuáles son sus implicaciones?

El 'plan B' de la Reforma Electoral, que será analizada por los senadores, contiene implicaciones regresivas al sistema electoral mexicano y de aprobarse provocaría en la ciudadanía desconfianza en la protección de sus datos personales, consideró Leonardo Méndez Márquez, Ejecutivo de la 11 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) Puebla.

“Se intentó reformar la Constitución, para lo cual se necesita una mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de cada una de las cámaras, no se logró esta mayoría, entonces por eso se denomina el famoso plan B”, explicó Méndez Márquez durante una entrevista para TELEDIARIO PUEBLA CANAL 6.

“Porque al no poderse reformar la Constitución se establece una serie de reformas, un paquete de reformas que no es sólo la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, eso es importante decirlo, son seis leyes las que se pretende reformar, dos de ellas ya están en vigor, que son la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos”.

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Recordó que ambas ya fueron impugnadas y destacó que la Suprema Corte de Justicia ya concedió una suspensión provisional en su aplicación.

Acompañado de Diana Ríos Hernández, vocal de la organización electoral distrital, Leonardo Méndez advirtió que de quedar vigente esta reforma secundaria afectaría el manejo del Padrón Electoral.

“Ahora el gobierno intervendría, se rompería con ese principio de independencia porque la Secretaría de Relaciones Exteriores quedaría facultada para validar el Listado Nominal de mexicanos y mexicanas residentes en el exterior”.

Comentó que “este es un primer elemento que el INE considera que va, por supuesto, en contra de la Constitución porque ésta establece como autoridad exclusiva al INE para el manejo del Padrón Electoral”.

Otro factor que advirtió es que el INE pierde autonomía para tomar decisiones al interior justamente de la conformación del Padrón.

Señaló que la reforma electoral propone que la información se traslade a instituciones públicas, que no reúnen las condiciones para garantizar el resguardar los datos personales.

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Por su parte, Diana Ríos Hernández detalló que uno de los cambios que se presentarían es en la estructura para organizar y llevar a cabo un proceso electoral, ya que, si actualmente Puebla cuenta con quince juntas distritales y una junta local que se encargan del trabajo operativo y ejecutivo, se verán disminuidos en personal y tiempos.

“Lo que afectaría en la calidad de las elecciones y se corre el riesgo de que alguna causal de nulidad se pueda llevar a cabo justamente por no contar con este personal, que cuenta con experiencia”.

A manera de ejemplo, citó que estos cambios pueden afectar en la ubicación de espacios de casillas para garantizar los permisos para la instalación ya que con la reforma electoral no hay la certeza de la instalación de las mismas con los funcionarios debidamente capacitados y certificados.

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