Cambio de posesión de Instituto de Defensoría Pública no es legal, dice Javier Navarro

Tras advertir que el paso del Instituto de la Defensoría Pública del Estado a manos del Poder Judicial no es legal, porque no hay un decreto publicado que lo sustente, el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, reveló que todo empezó con una orden de cateo al edificio ubicado en el Centro de Monterrey.

En rueda de prensa, el funcionario explicó que un Juez de Control concedió una orden de cateo solicitada bajo el argumento de la búsqueda de un teléfono celular perteneciente a la asistente del ex director del Instituto, Reynaldo Cantú, situación que a decir de Navarro, fue aprovechada para tomar el control de la Defensoría. 

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“Hoy en el mediodía se presentaron ahí no menos de 30 personas, entre ministeriales, fiscales, agentes del ministerio público tratando de ejecutar una orden de Cateo dictada por un juez de apellido Pecina". 

"Establecen una orden de cateo para apoderarse de un celular de la asistente personal del director del instituto, porque se supone que ahí hay información que puede llevar a cabo el fortalecimiento de la carpeta “

Niegan que decreto sea legal

Además, señaló que también en ese momento se presentó una orden de restricción para impedir que Reynaldo Cantú se acercara a las Oficinas de la Defensoría Pública.

"En la propia orden de careo dice que aprovechen para poderle notificar al director lo relativo a las medidas".

Navarro explicó que esta acción no es oficial porque los decretos que dieron paso a la Defensoría, no fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado.

Sin embargo, para que pudiera ese transitorio ser válido, se necesita forzosamente que lo que el decreto que promulgó el congreso, sea publicado en el periódico oficial y no está publicado, ni en la primera ni en la segunda vuelta porque es una reforma constitucional; la constitución dice que debe de llevarse a cabo una primera vuelta y una publicación, una segunda vuelta y una publicación.

Ante esto, Javier Navarro aseguró que buscarán la manera de combatir la toma de posesión de la Defensoría Pública, ante el mismo juez de control para pedirle que revoque dicha orden de cateo, o incluso, ir a instancias federales para exponer el caso.