Inician juicio político contra Samuel García, gobernador de Nuevo León
La Comisión Anticorrupción del Congreso local declaró procedente el juicio político contra Samuel García, gobernador de Nuevo León.
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Samuel García, gobernador de Nuevo León. | Jorge López
En un análisis exprés de menos de 24 horas, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, por unanimidad, declaró procedente el juicio político contra el gobernador Samuel García, acusándolo de presuntamente violar la Constitución y diversas leyes.
Con esto, se abrió el juicio contra García y deberá informar por escrito o presencial a más tardar el jueves 22 de agosto a las 16:00 horas su informe de defensa, además de nombrar a un abogado que lo defienda.
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“Se inicia el juicio político contra del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.
“Se instruye a la Oficialía Mayor para que a través de la Dirección Jurídica del Congreso, se emplace al denunciado para que informe a esta Comisión lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con copias de la de denuncia y de los demás documentos que la integran, y señalando la siguiente fechas y horario para su respectivo informe.
“Se solicita a los denunciados informar de ser el caso el nombre de su defensor o bien si requerirá que le sea designado uno del Instituto de Defensoría Pública del Estado”, acordaron.
Carlos de la Fuente, Coordinador del PAN, dijo que únicamente iniciaron el juicio, pero no podrán aún determinar cuál es la sanción.
La denuncia presentada por PRI y PAN, indicó la Comisión, tiene elementos de prueba, que una vez verificados, hacen presumir la existencia de las infracciones que contienen las fracciones VI y VII de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León y la probable responsabilidad del denunciado en los siete hechos descritos en la denuncia y por lo tanto amerita el inicio del procedimiento.
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“Esta Comisión no pierde de vista que de conformidad con la controversia constitucional 31/2023 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sereconoció la validez constitucional de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León.
“Por otra parte, en dicha determinación constitucional, el Máximo Tribunal del país declaró la invalidez del artículo 203, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en la porción normativa que señala específicamente que al momento en el cual el Congreso del Estado declara si ha lugar a procedimiento ulterior, el acusado “queda por ese solo hecho separada de su cargo”, establecieron en las consideraciones.
La denuncia de juicio político contra el gobernador es por presuntamente violar al menos 18 artículos constitucionales y cinco artículos de leyes secundarias en siete hechos presuntamente probados, principalmente por siete resoluciones de la Suprema Corte y tres resoluciones de la Sala Superior del TEPJF.
¿Por qué se inició un juicio político contra Samuel García?
Annia Gomez y José Luis Garza, diputados federales del PAN y PRI, respectivamente, presentaron un juicio bajo el argumento que el gobernador, en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), el Gobernador fue sentenciado por la Suprema Corte por no publicar el decreto de dicho órgano, pues la Corte determinó que el Mandatario vulneró contra el Congreso el “principio de división de poderes en el grado más grave que es la subordinación, dentro de la controversia constitucional 272/2022.
Respecto al caso de la no publicación en el POE, acusaron que el gobernador sigue violando la Constitución y subordinando al Congreso reiterando la misma conducta, señalaron que a la fecha no ha publicado al menos 23 decretos y más de 100 acuerdos legislativos.
Esto es aparte de los 56 decretos denunciados en un juicio político ya en curso por la Comisión Jurisdiccional.
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En el caso de vetos, indicaron, el Gobernador ha vetado decisiones del Congreso, pues la Suprema Corte al desecharle varias controversias constitucionales (341/2023 y 262/2023) sobre los vetos advirtió al mandatario: “la intención del Poder Ejecu6vo local es paralizar el procedimiento legislativo y que esta Suprema Corte convalide cautelarmente una omisión (del ejecutivo de no publicar los decretos)” situación dolosa del Gobernador que identificó el Máximo Tribunal.
Respecto al caso del gobernador interino, dijeron que la Suprema Corte y la Sala Superior del TEPJF sentenciaron al gobernador removiendo a su secretario general de Gobierno, Javier Navarro, como interino, reconociendo la designación realizada por el Congreso. (controversias constitucionales 487/2023 y 488/2023 y SUP-JDC-536/2023 Y ACUMULADOS).
En el quinto caso enlistado, respecto al presupuesto, indicaron que el gobernador ha incumplido con su deber constitucional por más de ocho meses de presentar el proyecto de egresos, pero no presentó el del 2023, ni 2024 y presuntamente eliminó los fondos municipales.
En cuanto al caso del uso indebido de recurso públicos, la Sala Superior del TEPJF sentenció al gobernador por realizar promoción personalizada, vulnerar los principios de imparcialidad y neutralidad y acreditar el uso indebido de recursos públicos durante su precampaña presidencial fallida.
Y, por último, el uso de símbolos en propaganda electoral, la Sala Superior también advirtió al gobernador por usar símbolos religiosos prohibidos vulnerando el principio de laicidad -separación entre Estado e Iglesia-, en su precampaña presidencial fallida, calificando la conducta de grave.
Resuelto por las Comisiones el juicio político y el Pleno, remitirán la decisión final al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que funja como jurado de procedencia y tenga la decisión final de destitución o inhabilitación de García.
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