Samuel García logra vetar 3 reformas más impulsadas por PAN y PRI

El gobernador de Nuevo León, Samuel García consumó hoy tres vetos más a diversas reformas de tres leyes locales que impulsaron las bancadas del PRI y PAN hace unas semanas en las sesiones ordinarias de Pleno.

Tras reanudar las sesiones de Pleno, se notificó que el Ejecutivo estatal devolvió el decreto número 344 por el que se reforma la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, argumentando que representa un riesgo para Agua y Drenaje de Monterrey.

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“Al adicionar el artículo 21 BIS en los términos que se transcriben a continuación, se estaría obligando a la Institución Pública Descentralizada denominada Servicios de Aguay Drenaje de Monterrey, a exentar de pagos a usuarios que se encuentren en la hipótesis de excepción prevista, es decir usuarios que mediante un ordenamiento legal s e determine que son susceptibles de exención.

“Lo anterior representaría una afectación al patrimonio de la Institución, al encontrarse obligada a exentar a usuarios que se encuentren en ese supuesto normativo”, señaló el gobernador.

Dentro del decreto número 339 por el que se reforma la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León y la Ley que crea el Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León, el mandatario dijo que se desprende la obligación de que todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la Legislatura Local debe incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestal generado por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

“Requiere una estimación sobre el impacto presupuestario que sustente la determinación del Congreso de obligar al Ejecutivo del Estado a aprobar un programa de subsidios o en su caso la condonación del pago del refrendo para aquellos vehículos que mediante convenios de colaboración hayan sido cedidos a los Municipios para la operación del programa de patrullaje deproximidad o policía de barrio. Así como de obligar al Ejecutivo del Estado a incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente.

“Las propuestas de subsidios necesarios que se otorgarán al impuesto por concepto de refrendo vehicular, pues dichos subsidios generarán un déficit en perjuicio de la Hacienda Pública estatal, ya que se reducirían los ingresos por refrendo que actualmente aportan los vehículos registrados en este rubro el Instituto de Control Vehicular”, señaló.

Respecto al veto del Decreto número 350 por el que se reforma la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, el gobernador dijo que es contrario al régimen constitucional.

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“La adición del párrafo cuarto del artículo 25 de la Ley de Justicia Administrativa es contrario al régimen constitucional que corresponde a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, conforme al artículo 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, pues amplía la competencia de esta Sala para conocer de todos los juicios a que ser refiere el artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa.

“Se prevé que el Tribunal de Justicia Administrativa, a través de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, será el responsable de imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves o que constituyan hechos de corrupción, así como a particulares que participen en los actos vinculados con esas responsabilidades, de fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten la Hacienda Pública, Estatal o Municipal”, señaló.

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