SCJN tumba acuerdo de Comisión Anticorrupción para selección de fiscal de Nuevo León
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó valida la convocatoria para fiscal general del Estado, pero invalidó el acuerdo para realizado por la Comisión Anticorrupción.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el acuerdo de la Comisión Anticorrupción. | Archivo
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Por unanimidad de votos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tumbó el acuerdo de la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, por el cual se permitió a los aspirantes a cargo del fiscal general no presentar carta de no antecedentes penales.
Luego de que el gobernador Samuel García impugnará este proceso, los ministros que integran la Segunda Sala acordaron mantener vigente la convocatoria para relevar al titular de la fiscalía, pero determinaron que la Comisión no puede eximir a los aspirantes de presentar dicho requisito.
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Con esto, el máximo tribunal del país decidió seguir adelante con la convocatoria para la selección del fiscal general del Estado de Nuevo León, pero determinó que el acuerdo realizado por la Comisión Anticorrupción no procede.
“Se declara la invalidez del acuerdo emitido por la Comisión Anticorrupción del 8 de noviembre de 2022, y del acuerdo de la misma fecha del Congreso del Estado que lo validó”, se declaró en la Segunda Sala de la Suprema Corte.
La determinación de la Corte obliga a la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León a reunirse para corroborar que aspirante cuenta con la carta de antecedentes penales y quien no.
Si alguno de los aspirantes no cuenta con dicho requisito, deberá ser excluido del proceso de selección, según la resolución de la Corte.
El acuerdo de la Comisión Anticorrupción ocurrió luego de que el Gobierno del Estado dejara de expedir cartas de no antecedentes penales durante el proceso que quedó en vilo en 2022.
El freno a la expedición del requisito habría tenido tintes políticos, ya que aspirantes afines al Gobierno de Nuevo León pudieron sacar esta carta, mientras que algunos de los interesados ubicados como opositores, probablemente no hayan alcanzado a obtenerla.
En aquel momento, la terna más uno presentada en el Congreso de Nuevo León estaba compuesta por el ex alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, el ex director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Guadalupe Saldaña Vargas, Genaro García de la Garza, ex secretario del Ayuntamiento de Monterrey, y Pedro Arce Jardón, actual encargado del despacho de la Fiscalía Estatal.
La resolución de la SCJN fue celebrada en redes sociales por el gobernador Samuel García, ya que el Gobierno del Estado a su cargo fue la entidad que promovió el recurso para invalidar el proceso de selección.
Pleno de la SCJN decidirá si Samuel García va a juicio político
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será el que determine si el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, es sometido a juicio político por el Congreso de su Estado.
Fuentes del máximo tribunal de justicia del país revelaron que, en la sesión privada de este miércoles, los ministros que integran la Segunda Sala de la Corte estimaron que el tema, por la relevancia y trascendencia que representa sea estudiado por todos los 11 ministros del Alto Tribunal.
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En la sesión pública de hoy, el presidente de la Segunda Sala de la Corte, Alberto Pérez Dayán, solo dijo a la secretaria de acuerdos que la controversia constitucional 31/2023 promovida por el gobernador nuevoleonés, con la cual buscaba echar abajo la decisión del Congreso Local, quedaba en lista.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el proyecto elaborado por el ministro Luis María Aguilar Morales venía por frenar el juicio político contra el mandatario estatal.
El 31 de enero de este año, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, inició el procedimiento de juicio político contra Samuel García. Lo anterior, por la no presentación de la Ley de Egresos 2023 en tiempo y forma.
Las fuentes consultadas mencionan que el proyecto del ministro Aguilar Morales propone declarar la invalidez del artículo 203 párrafo segundo, de la Constitución del Estado de Nuevo León.
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