El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta planteó una reforma que busca castigar de 3 a 6 años de prisión a quienes cometan actos de discriminación hacia personal médico durante la pandemia de COVID-19.
El secretario general del organismo, Antonio Guterres, dijo que existe discriminación en la prestación de servicios públicos que atienden la enfermedad.
El comisionado del ICAI, Luis González Briseño, destacó que el estado de salud de los ciudadanos es privado y divulgarlo puede dar pie a la discriminación.
