Las indagatorias involucran la probable realización de estas prácticas en el mercado del expendio al público de gasolinas y diésel en estaciones de servicio en el territorio nacional.
La Cofece originalmente no solicitó la suspensión de la aplicación de dicha ley, sino que lo hizo posteriormente, al ampliar su demanda, con la cual buscaba que no se redujeran los salarios de sus empleados.
El organismo presentó una controversia constitucional por considerar que la ley genera incertidumbre y carece de fundamentos sobre cómo regular los sueldos de los funcionarios públicos.
