En CdMx, desalojos alcanzaron cifras históricas tras la pandemia

Son las seis de la mañana y Andrea prepara el desayuno. La jornada parece rutinaria, sin sorpresas: llevar a sus hijos a la escuela, trabajar y después buscar un tiempo para sí misma. 

Es 2018 y ella junto con sus pequeños llevan casi un año en la casa que encontraron después de que el sismo del 19 de septiembre de 2017 derrumbara el hogar en el que decidieron reinventarse en la capital tras pasar unos años en Phoenix, Arizona.

Muchos de sus sueños y pertenencias quedaron sepultados bajo aquellos escombros. Pero lo que quedó intacto de aquella ilusión por haber regresado a su país natal pronto se perdería: una pesadilla inmobiliaria apenas estaba por comenzar.

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Veintitrés sujetos entraron por la fuerza a su casa. Andrea estaba acorralada en la cocina, fue amenazada y amedrentada; uno de los hombres le dijo que estaban allí para desalojarla, pero que si les daba 30 mil pesos en ese momento se marcharían de inmediato. Los bravucones llegaron sin avisar, aprovecharon el factor sorpresa, además del miedo de sus víctimas y su desconocimiento sobre los procesos de desalojo.

Andrea se negó a ser extorsionada y, en medio del caos, sacaron a la calle su ropa, sus muebles y otras pertenencias. Además, le robaron dos cámaras fotográficas y dos computadoras. A esta familia la echaron de su casa sin saber si se había celebrado un juicio de desalojo, si hubo algún tipo de proceso legal o una sentencia para ello.

Los datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (SSC) muestran que los desalojos en los que ha sido necesaria la intervención de la fuerza pública crecieron 32 por ciento entre 2019 y 2022.

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Alza de desalojos en CdMx

En un documento de la Coordinación General de la Policía Metropolitana, solicitado por Milenio, se muestra que durante el pasado 2022 el número de desalojos —tras dos años de parón pandémico, cuando muchos tribunales cerraron y los procesos se detuvieron o, literalmente, quedaron en el olvido— se disparó a mil 67 casos, alcanzando un récord histórico.

En tanto, datos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SSC muestran que la cantidad de solicitudes de uso de corporaciones policiacas para realizar desalojos supera 4 a 1 a la cifra de expulsiones de vivienda realmente efectuadas. Mientras que en 2022 hubo casi 4 mil requerimientos de desalojo, los elementos de la fuerza pública solo acudieron a poco más de mil expulsiones de vivienda.

En 2021, las solicitudes de este tipo fueron 2 mil 900; en 2020, 2 mil 200; en 2019, 3 mil 800, y en 2018, 3 mil 729. 

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Irregularidades

Maria Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), explica que en el país “el código civil, en esta materia, es escueto y poco garantista”.

Abundan las historias donde un abogado corrupto altera el proceso de notificación o cuando se expiden órdenes apócrifas de desalojo. Ahí no solo permea la ilegalidad, sino una flagrante violación de derechos.

“Recibimos muchísimas denuncias por documentos alterados o procesos corrompidos”, informa Emanuelli, de HIC-AL.

No existen datos oficiales y acaso esas cifras solo las podrán calcular quienes operan en las mafias inmobiliarias que contratan extorsionadores y maleantes para dejar a la gente, literalmente, en la calle.

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En el caso de Andrea, ella fue estafada desde el momento en el que alquiló ese departamento, pues la persona que se lo rentó no era el dueño del inmueble, sino un farsante haciéndose pasar por el propietario.

Sucedió que con el paso de los meses, debido al impago de una hipoteca, el verdadero propietario perdió la vivienda y ésta fue rematada por un banco. Ignorante de esa situación, Andrea y sus hijos vivían ahí.

Pasó poco tiempo para que una nueva propietaria, sin más, contratara los “servicios” de maleantes que se alquilan al mejor postor para realizar un desalojo forzoso, violento e ilegal. 

Así, Andrea fue víctima de una doble estafa: primero, con el engaño de un falso propietario y, luego, con un desalojo que jamás le fue notificado. Las imprecisiones jurídicas y lo blando de las leyes mexicanas en materia de vivienda permiten la proliferación de estos casos, donde el abuso es la norma.

CMOG