Negligencia médica le quita trabajo y movilidad a maestra de primaria en Durango

Hace un poco más de tres años, una maestra de Durango, Guadalupe Castro Ávila, sufrió un terrible accidente catalogado como riesgo de trabajo, el cual, a la postre le ocasionaría un calvario que al día de hoy la ha dejado sometida a una movilidad asistida y a una faja quirúrgica que le ayuda a mitigar el dolor que nace desde su columna vertebral.

Según lo descrito por la docente, el doctor encargado de realizar las cirugías pertinentes fue el especialista José Andrés Estrada Gómez, quien ordenó el retiro de los discos intervertebrales, la colocación de cajas Intersomáticas y la implantación de hueso, barras y tornillos. Lamentablemente, esta acción no pudo ser concluida satisfactoriamente, ya que el mismo, en repetidas ocasiones y a pesar de ser citado por sus coordinadores, jamás se presentó para intervenirle.

“El doctor nunca fue, todavía lo seguimos buscando durante meses hasta que por fin logramos dar con él y, todavía que me vio a regañadientes, me hizo una alta médica sin informarme, simplemente me dijo -ya váyase-, no me quería cubrir mi licencia médica a pesar de que tenía que estar cubierta por el dictamen de riesgo de trabajo”.

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“Después de eso, pasó un mes y vuelvo a mi revisión y continúo sin encontrarlo, tuvieron que posponer mi operación durante un año hasta que un neurocirujano tuvo que tomar el lugar del doctor Estrada,” detalló la entrevistada.

De igual manera, la entonces maestra de la escuela primaria Ricardo Flores Magón, afirmó que la falta de ética del galeno también provocó que se le emitiera un alta sin secuelas de valoración, lo cual, provocaría que administrativamente se le retirara la evaluación del riesgo de trabajo, obligándola a presentarse a las instalaciones de la institución educativa y dejándole una serie de cirugías que continúan atormentándole, tanto física como psicológicamente.

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Privilegiando su salud, Guadalupe Castro, decide ausentarse de su centro de trabajo, obligando al sistema educativo a darla de baja y a entrar en un conflicto que la ha dejado sin ingresos económicos y a la espera de que el Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado pueda emitir una orden financiera para poder costear las siguientes cirugías que le devuelvan la movilidad y una estabilidad emocional y física que le permita valerse por sí misma.