Migrantes son víctimas de trata de personas y extorsiones en Coahuila

A la fecha la Fiscalía de Investigaciones y Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado ha iniciado 120 carpetas de investigación de delitos cometidos contra migrantes en Coahuila, la mayor parte por robos “a veces entre ellos mismos, a veces la delincuencia organizada que capta a estas personas, muchas veces para llevar a cabo una explotación sexual o laboral”, lo que significa una trata de personas que inicia con la privación de su libertad, esto último que fue confirmado por el Director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl.

Liberto Hernández Ortiz, titular de la Fiscalía Especializada, dijo que se han detenido polleros en la frontera de Piedras Negras y Acuña, lo que calculó como un “número considerable”, sin dar cifras, recordó que los trasladan a la frontera en estos municipios y los dejan en casas de seguridad, “luego les piden los teléfonos, los nombres de los familiares que tienen en Estados Unidos, con el fin de extorsionarlos”.

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Por su parte el director de la Casa del Migrante, Alberto Xicoténcatl, explicó que las personas no están dispuestas ya a denunciar, “desde hace mucho tiempo el delito de extorsión ha sido muy recurrente en ellas y en ellos, lo que han hecho mucho es estar cuidando sus teléfonos privados de ellos y sus familias, para evitar este tipo de extorsiones”, no obstante, mencionó que los casos conocidos no superan los cinco en un año.

Liberto Ortiz agregó respecto de las detenciones de personas involucradas en estos delitos dijo que la mayoría ocurre en las fronteras, “ellos vienen en tránsito desde Chiapas donde hay una Fiscalía relacionada con los delitos que se cometen contra migrantes, todos los delitos en tránsito que se cometen fuera de Chiapas, vienen a denunciarlo a Saltillo, en los demás estados les dicen que no tienen fiscalía de migrantes”; resaltó que esto deriva en ocasiones en carpetas de investigación pero no siempre es así debido a la calidad de tránsito de los afectados.

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En este tenor Alberto Xicoténcatl coincidió en que las extorsiones ocurren principalmente en municipios fronterizos como Piedras Negras y Ciudad Acuña. 

“Y no en todos los casos la privación a la libertad existe, sino que les roban sus números telefónicos, o sus celulares o de alguna forma consiguen sus teléfonos y como la gente no se comunica todos los días, lo que hacen es llamar a su familia para decirles que están secuestrados y pedirles dinero por un rescate, a veces es real pero la mayoría de las veces no”.

Liberto Ortiz recordó que se tienen 40 abogados en el Río Bravo y un contacto constante con los cónsules de diversos países.

“Tenemos mucha relación con ellos, donde les damos a conocer cuando hay algún connacional que fallece, inmediatamente les enviamos fotografías de tatuajes porque a veces no hay identificaciones, y decirles que el Estado de Coahuila tiene varias rutas de tránsito de los mismos migrantes en donde les decimos también, aquí hay focos rojos, casi por lo general son los que transitan en lo que se llama La Bestia, el tren”.

Explicó que además se tiene un grupo de chat con los países de Honduras y El Salvador donde los mismos migrantes informan al encargado en Piedras Negras sobre los intentos de secuestro, que dijo han sido aislados “dos o tres, pero son intentos”, lo que generalmente ocurre contra hombres.

Según Xicoténcatl, es cierto que el tránsito de los migrantes dificulta el seguimiento a los casos, pero también lo es que en los casos en que los migrantes nombran a la Casa como su representante legal “tampoco es que los casos avancen, tampoco es pretexto el que las personas no estén, hay formas de mantener la investigación”.

Recalcó que se han tenido otras denuncias como el hecho de extorsiones de los policías estatales y municipales, lo que incluso constituye el 70 por ciento de las mismas.

“Las autoridades desconocen los delitos a menos de que existan denuncias judiciales, pero las personas migrantes no quieren interponer denuncias primero porque no confían en las autoridades mexicanas y asumen el nivel de impunidad”.

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