Su ex pareja le quitó a sus hijos y autoridades no la han ayudado; lagunera pide justicia

Desde hace quince años, Laura ha sido violentada no solo por su ex pareja sentimental y padre de sus tres hijos, sino también por las autoridades judiciales del Estado de Coahuila quienes han violado sus derechos humanos.

Laura relata que fue en el 2013 cuando interpuso la primera denuncia en contra de su ex pareja, que ahora se desempeña como juez calificador en la ciudad de Parras de la Fuente. Dicha denuncia fue por violencia doméstica, pero nunca se judicializó y desapareció del sistema.

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Tres años después, interpuso nuevamente una demanda en contra del padre de sus hijos y decidió romper la relación sentimental que mantenía con él. Ese mismo año, con engaños, el agresor sustrajo a sus hijos y con ayuda de las autoridades obtuvo la guardia y custodia de los niños que en ese entonces tenían 4, 6 y 7 años.

“La violencia institucional empezó desde la primera denuncia en el 2013 que no la judicializaron. Él me presionó para retirar la denuncia, que inexplicablemente desapareció y ahora que quiero el expediente, no existe ni físicamente, ni en el sistema. En el 2016 vuelvo a poner otra denuncia, ahora en la comandancia de Parras. Desde ese entonces jamás procedió nada, en ese año lo dejo, pongo mi denuncia en el centro de empoderamiento, nunca me dieron una orden de protección, me traen a vuelta y vuelta, me volvían a tomar la declaración, a los meses sustrajo a mis hijos con engaños, me los pide prestados para una convivencia y ya no me los regreso”, mencionó Laura.

Para el 2017, Laura comenzó a trabajar en Estados Unidos, por lo que regresaba a México cada mes solo para ver a sus hijos, durante tres años, ella se hizo cargo de su manutención y educación a cambio de verlos una vez por mes, sin embargo, en el 2020 y derivado de la pandemia mundial por el covid-19 se quedó sin empleo, por lo que decidió radicar nuevamente en Parras. Desde ese momento las convivencias le fueron suspendidas por parte de su ex pareja y padre de sus hijos.

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“Me restringieron las convivencias que porque yo salía durante la pandemia y por eso tenía que hacer cuarentena. Yo me hacía estudios de COVID para demostrar que no estaba enferma y aun así no me dejaba verlos. Desde ahí inició él una persecución en mi contra, incluso una vez me persiguió, yo iba en mi auto y él en el suyo, fueron varios minutos y a alta velocidad con mis hijos a bordo, la jueza me dijo que eso no procedía como maltrato”, agregó.

Recientemente, Laura fue nuevamente fue víctima de las autoridades, debido a que cancelaron en dos ocasiones la audiencia pactada en donde se plantea a las autoridades regresarle la guardia y custodia de los menores.

Ahora, Laura pide a las autoridades del Estado de Coahuila justicia para que sus hijos regresen a su lado, toda vez que asegura que el proceso para recuperarlos ha estado lleno de irregularidades en su contra.

Activistas Feministas interpone queja en derechos humanos

Luego de la constante violencia que ha sufrido Laura por parte de las autoridades judiciales del Estado de Coahuila, la colectiva Activistas Feministas de la Laguna, interpuso una queja en Derechos Humanos contra Martha Alicia Esparza, Jueza de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Parras de la Fuente, por las omisiones y negligencia de dicho juzgado al no invocar en sus actuaciones la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Convención Belém Do Pará, las categorías sospechosas y la obligación de juzgar con perspectiva de género.

La queja se interpuso en la Segunda Visitaduría Regional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Torreón el pasado viernes, 18 de marzo.

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Desde 2017 Ariadne Lamont , integrante de la colectiva, trabaja en el acompañamiento a Laura Alejandra quien tiene un proceso por violencia contra su ex pareja, Gustavo Durán, un Ministerio Público y Juez Calificador del municipio de Parras, dadas las omisiones de las autoridades quienes no le proporcionaron medidas de protección a la víctima, no judicializaron las carpetas, se le retiró la custodia de sus hijos sin que se le notificara, además de ordenar tomar terapia con el hombre que intentó asesinarla.

El pasado 16 de marzo, Ariadne Lamont hizo el acompañamiento de Laura Alejandra en el citado Juzgado Familiar en donde se llevaría a cabo una audiencia. Sin embargo, no se le permitió el acceso al acompañante victimal, que es quien brinda la atención psicológica, ni a su abogado y tampoco de su red social.

Estas acciones son una clara violación a la Ley de Víctimas, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a tratados internacionales como la Convención Belém Do Pará, los cuales prohíben se encare a las mujeres con sus agresores, además de autorizar el acompañamiento de representantes en audiencias lo cual le fue negado a Laura Alejandra.

Mediante un comunicado la colectiva informó que estas acciones continuarán hasta que el caso de Laura sea juzgado como marcan las leyes locales, estatales, nacionales y en materia internacional, que buscan que se haga justicia para las mujeres, así como corregir las asimetrías de poder que existen entre hombres y mujeres, y que en el caso de Laura son evidentes ya que su agresor es un funcionario, pues se trata de un Ministerio Público.