Operación Enjambre en Edomex continúa; buscarán sentencias condenatorias

La Operación Enjambre no ha terminado. La siguiente fase apunta a obtener sentencias condenatorias contra los funcionarios mexiquenses detenidos bajo el modelo Al Capone, el gran capo estadunidense que fue encarcelado, no por sus delitos vinculados al crimen organizado, sino por otras actividades ilícitas.

Aunque Capone era el gran capo de capos y controlaba un imperio criminal en el Chicago de las primeras décadas del siglo pasado, fue a la cárcel por algo que nunca imaginó: evasión de impuestos. Por eso, algunos de los delitos que se le imputan a los funcionarios detenidos el viernes pasado podrán parecer alejados del alto mundo del crimen organizado. Tiene su lógica estratégica.

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¿Por qué investigan a los funcionarios?

La presidenta Municipal de Amanalco, María Elena "N", es investigada por homicidio calificado; Ellery Guadalupe director del DIF municipal de Tonatico, es investigado por su probable intervención en el delito de secuestro con fines de extorsión; Rodolfo “N”, director operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana de Ixtapaluca, por el delito de secuestro con fines de extorsión; Roberto “N”, jefe de región de la Dirección de Seguridad Pública de Ixtapaluca, por secuestro con fines de extorsión, lo mismo que Eraclio “N” director de Seguridad Pública de Tejupilco, y el subdirector de Seguridad Pública de Naucalpan, por el delito de extorsión; mientras que Manuel Alejandro “N”, director de Seguridad Pública de Amanalco, por secuestro con fines de robo. Pero que no quede duda: para las autoridades son sólidos sus vínculos con el crimen organizado. 

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Varios funcionarios de seguridad consultados por MILENIO ofrecieron detalles del macro operativo, el más grande de su tipo en años. Algunos destacaron el trabajo interinstitucional y que no haya habido filtraciones. Otros apuntaron a que estos son los primeros frutos visibles de un proyecto de coordinación interinstitucional que comenzó a mediados del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

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Y otros más explicaron que la fase judicial de Enjambre apenas comienza y en ésta entrará en juego el trabajo de gabinete que se hizo por meses para que los casos, espera la autoridad, sean sólidos y capaces de resistir los cuestionamientos legales de los detenidos, además del tránsito por el Poder Judicial. Las carpetas de investigación tienen detrás de sí, según las fuentes, más de 20 meses de esfuerzo continuo, miles de horas de trabajo hombre.

Ciertamente no se trata de una operación improvisada. De acuerdo a los datos obtenidos, el trabajo detrás de Enjambre comenzó en 2023 a nivel mexiquense, pero con respaldo federal, una vez que se presentaron indicios sólidos de la vinculación de los funcionarios detenidos con organizaciones como La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lo ocurrido el viernes 22 de noviembre se enmarca también en un cambio de filosofía que se está tratando de implementar en las operaciones de alto valor estratégico del actual sexenio. En palabras de un mando consultado, si antes se buscaba entrar, barrer y después justificar legalmente, ahora se quiere invertir el modelo: ir con la ley por delante, estados y federación de la mano, para que el caso no se caiga de forma alguna.

Buscan castigo ejemplar contra acusado

En ese sentido, el objetivo central de la fase judicial es generar casos sólidos que dejen poco margen de maniobra para que un juez pueda dejar en libertad a los acusados por fallas en el proceso.

Además, como se refleja en los comunicados de prensa, Enjambre tuvo un resultado adicional: mostró públicamente por primera vez un trabajo de coordinación profundo entre agencias de distintos niveles. Un ejemplo claro son las imágenes de las detenciones, en las que se observa a agentes militares, civiles, estatales y federales formados, codo con codo, con los detenidos en el centro.

Un mando de alto nivel consultado admitió que el mensaje central de estas imágenes es demostrar que un solo equipo está liderando la ofensiva contra la delincuencia organizada. La Fiscalía mexiquense fue la primera en tener una operación de esta magnitud, pero se destacó que un mismo nivel de compenetración se ha alcanzado a nivel federal con Michoacán, Chihuahua, Zacatecas y Baja California.

Las fuentes explicaron que el operativo, que culminó con la detención de al menos siete funcionarios en distintos municipios del Estado de México, significó la primera aplicación concreta a gran escala del concepto de "judicialización de inteligencia", con lo que se busca reducir riesgos de colapso en las investigaciones, como ocurrió en casos como el Michoacanazo o Florence Cassez.

De acuerdo con los funcionarios, la operación puede dividirse en tres. La integración del caso, la parte legal y la del uso de fuerza. La primera, recae en los órganos de inteligencia, que recopilan información utilizable y presentable ante un juez; la segunda y tercera, en agentes del Ministerio Público del Estado de México, integrados a células especiales compuestas el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Estas células garantizaron que las detenciones se realizaran en estricto apego al debido proceso y bajo condiciones de seguridad.

En su origen, el caso comenzó a construirse en 2022, cuando el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, formó un equipo compacto compuesto por sus colaboradores más confiables, con el fin de evitar filtraciones. Este grupo concentró las carpetas de investigación y fortaleció las indagatorias con datos de inteligencia obtenidos de agencias federales, información que permitió identificar la conexión de los funcionarios detenidos con el crimen organizado.

Enjambre tuvo como antecedentes inmediatos dos operativos previos que ayudaron a perfeccionar los mecanismos de coordinación interinstitucional. Uno fue la detención, en junio, de 15 policías municipales de Nicolás Romero por colusión criminal. Otro antecedente fue una investigación contra comisarios municipales vinculados a la organización conocida como La Familia Michoacana.

¿A dónde se trasladó a los detenidos?

Los datos obtenidos permiten establecer el tamaño de la magnitud del operativo del viernes y que éste no debe subestimarse. Implicó la movilización de más de mil 500 elementos del Ejército mexicano, la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado de México, organizados en células con tareas específicas sin una sóla filtración.

Además, se estructuraron unidades de reacción rápida para intervenir en caso de resistencia por parte de los grupos criminales o de los agentes detenidos.

En ese sentido, una parte fundamental de la estrategia fue la extracción de los funcionarios de municipios de alta peligrosidad, especialmente en el sur del Estado de México, donde el terreno complicado favorece emboscadas.

Para los traslados se emplearon aeronaves que transportaron a los detenidos de mayor peligrosidad directamente a Toluca, mientras que convoyes armados protegieron el retiro del personal desplegado en campo; el antecedente de la emboscada de 2021 en la que murieron 13 agentes en Coatepec Harinas aún pesa.

La operación se sustenta también en un elemento importante: la coordinación con el Poder Judicial. Las fuentes admitieron que las autoridades judiciales respaldaron la operación al emitir órdenes de aprehensión basadas en evidencia sólida pero estas fueron retrasadas durante algunas horas antes de ser subidas a la Plataforma México, para evitar que los funcionarios de seguridad detenidos, con acceso a dicha plataforma, se enteraran de las operaciones en su contra.

En total, se emitieron 14 órdenes de aprehensión y 20 órdenes de cateo.

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ZNR

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