EU aumenta presión sobre presidente de Nicaragua con sanciones a colaborador y fiscal general

WASHINGTON. - Estados Unidos impuso este viernes sanciones contra la fiscal general de Nicaragua y un colaborador cercano del presidente Daniel Ortega, así como contra una institución financiera local, incrementando la presión sobre el gobierno izquierdista de la nación centroamericana.

Desde 2018, ya son 24 los funcionarios nicaragüenses castigados por Estados Unidos, entre ellos la vicepresidenta y esposa del mandatario, Rosario Murillo, y tres de sus hijos. Canadá y la Unión Europea también han dictado sanciones contra otros miembros de la administración de Ortega.

En un comunicado, el Departamento del Tesoro dijo que incluyó en una lista negra a la fiscal general, Ana Guido, al secretario de Políticas Públicas de la Presidencia, Paul Oquist, y a la cooperativa de ahorro y crédito Caja Rural Nacional.

"El régimen de Ortega continúa abusando de los recursos del Gobierno para beneficio personal de sus miembros e ignora los reclamos de reforma del pueblo nicaragüense", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en el boletín.

La medida congela los activos de los implicados en el país norteamericano y prohíbe a los estadounidenses tratar con ellos. A Guido, guerrillera sandinista y exsubdirectora de la Policía, se le acusa de liderar una campaña de fiscales y policías para "fabricar casos contra presos políticos y sus familias".

Oquist nació en Estados Unidos pero se nacionalizó nicaragüense tras emigrar al país latinoamericano en la década de 1980, durante la revolución sandinista. El funcionario fue durante años intérprete de Ortega en sus viajes internacionales.

"Esta Administración sigue comprometida con señalar al régimen de Ortega buscando y denunciando a quienes facilitan su flagrante corrupción", agregó el Departamento del Tesoro.

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado a Ortega por tomar medidas enérgicas contra las protestas en su contra y lo ha acusado de violar derechos humanos, de homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias, persecución política y corrupción generalizada.

cog

WASHINGTON. - Estados Unidos impuso este viernes sanciones contra la fiscal general de Nicaragua y un colaborador cercano del presidente Daniel Ortega, así como contra una institución financiera local, incrementando la presión sobre el gobierno izquierdista de la nación centroamericana.

Desde 2018, ya son 24 los funcionarios nicaragüenses castigados por Estados Unidos, entre ellos la vicepresidenta y esposa del mandatario, Rosario Murillo, y tres de sus hijos. Canadá y la Unión Europea también han dictado sanciones contra otros miembros de la administración de Ortega.

En un comunicado, el Departamento del Tesoro dijo que incluyó en una lista negra a la fiscal general, Ana Guido, al secretario de Políticas Públicas de la Presidencia, Paul Oquist, y a la cooperativa de ahorro y crédito Caja Rural Nacional.

"El régimen de Ortega continúa abusando de los recursos del Gobierno para beneficio personal de sus miembros e ignora los reclamos de reforma del pueblo nicaragüense", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en el boletín.

La medida congela los activos de los implicados en el país norteamericano y prohíbe a los estadounidenses tratar con ellos. A Guido, guerrillera sandinista y exsubdirectora de la Policía, se le acusa de liderar una campaña de fiscales y policías para "fabricar casos contra presos políticos y sus familias".

Oquist nació en Estados Unidos pero se nacionalizó nicaragüense tras emigrar al país latinoamericano en la década de 1980, durante la revolución sandinista. El funcionario fue durante años intérprete de Ortega en sus viajes internacionales.

"Esta Administración sigue comprometida con señalar al régimen de Ortega buscando y denunciando a quienes facilitan su flagrante corrupción", agregó el Departamento del Tesoro.

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado a Ortega por tomar medidas enérgicas contra las protestas en su contra y lo ha acusado de violar derechos humanos, de homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias, persecución política y corrupción generalizada.

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