Filipinas sanciona a casi 8 mil policías por abuso antidrogas
No se aclaró cuántos agentes fueron acusados penalmente de faltas graves o crímenes cometidos durante la ola represiva, lanzada por el presidente Rodrigo Duterte.
MANILA. — Miles de policías filipinos recibieron sanciones administrativas y más de 2 mil fueron despedidos por delitos cometidos en operaciones antidrogas ordenadas por el presidente en las que se mató a sospechosos, informaron las autoridades.
La subsecretaria de comunicaciones Marie Rafael Banaag dijo en conferencia de prensa que se investigó a 14 mil 724 agentes que participaron en los operativos policiales entre julio de 2016 y abril pasado. De éstos, 7 mil 867 recibieron sanciones administrativas por faltas no especificadas.
Una lista presentada por Banaag muestra que 2 mil 367 policías fueron despedidos y 4 mil 100 suspendidos, mientras que el resto fue amonestado, degradado, privado de salario o de ciertos privilegios.
Banaag no aclaró cuántos agentes fueron acusados penalmente de faltas graves o crímenes cometidos durante la ola represiva, lanzada por el presidente Rodrigo Duterte como plan central de su gobierno al asumir en 2016.
Según autoridades policiales, unos 6 mil 600 sospechosos murieron en las redadas realizadas por la policía, generalmente en tiroteos iniciados por los sospechosos al defenderse y que pusieron en peligro la vida de los agentes. Banaag y otras autoridades dijeron que la cifra real era de algo más de 5 mil 500 y que aún se verificaban otras muertes relacionadas con las drogas.
El año pasado, una corte declaró culpables de asesinato a tres agentes que mataron a un estudiante que según ellos era un traficante, la primera condena de su tipo durante la campaña policial antidrogas.
Ese asesinato y la estrangulación de un surcoreano presuntamente por un agente antidroga durante un intento de extorsión provocaron indignación generalizada, lo que llevó a Duterte a suspender por breve tiempo las operaciones.
"Probablemente hay ciertas fallas en lo que sucedió durante las operaciones, pero se las está resolviendo", dijo el subsecretario Severo Catura, un funcionario de derechos humanos, en la conferencia de prensa.
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