Irak y Siria sufren quema de cosechas como arma ofensiva

IRAK — Parecía un buen año para los agricultores en partes de Siria e Irak. La abundante lluvia dio lugar a campos dorados de trigo y cebada, dando a los cultivadores motivos sobrados para festejar.

Pero las buenas nuevas son efímeras en esta parte del mundo, donde los habitantes de ambos países deben vérselas con la violencia interminable en medio de la guerra civil siria y los ataques de los restos del grupo que se hace llamar Estado Islámico. Incluso en las zonas donde los combates han disminuido, las llamas causan estragos en los campos.

Los incendios en cosechas registrados este mes en zonas de Siria e Irak se han atribuido a combatientes vencidos del grupo extremista que quieren vengar sus derrotas y a fuerzas del gobierno sirio que luchan para expulsar a otros grupos armados.

Miles de hectáreas de campos de trigo y cebada han ardido en los dos países durante la temporada de cosecha, que dura hasta mediados de junio.

“Llevamos una vida amarga aquí”, dijo Hussain Attiya, un agricultor de Topzawa Kakayi en el norte de Irak. “Si la situación continúa así, yo diría que nadie se quedará. Yo planto entre 500 y 600 acres (200 a 250 hectáreas) todos los años. El año próximo no podré hacerlo porque no puedo quedarme aquí y vigilar la tierra noche y día”.

El grupo EI tiene un historial de recurrir a tácticas de tierra arrasada en las zonas donde resulta derrotado. Es “una forma de infligir un castigo colectivo sobre los que se quedan”, señaló Emma Beals, investigadora independiente sobre Siria.

Milicianos del EI dijeron en su publicación semanal al-Nabaa que incendiaron los cultivos de “los apóstatas en Irak y el Levante”, y añadieron que “parece que será un verano caliente que quemará los bolsillos de los apóstatas y sus corazones tal como ellos quemaron a los musulmanes y sus hogares en años anteriores”.

En el oeste de Siria, una ofensiva del gobierno contra el último feudo rebelde en el país también ha convertido en ceniza miles de hectáreas cultivadas, lo que según activistas es una maniobra deliberada para negar el sustento a la población local y obligarlas a abandonar el enclave donde viven 3 millones de personas.

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