Jesuitas piden se investigue autores de masacre en El Salvador

SAN SALVADOR. — Durante años, los intentos dentro de El Salvador por investigar y enjuiciar a los autores intelectuales de la masacre de seis sacerdotes jesuitas durante la guerra civil del país centroamericano se dilataron por maniobras legales.

La condena de 133 años de prisión impuesta este mes por un tribunal español contra un excoronel salvadoreño por su participación en el crimen está generando llamados para que el país resuelva ese episodio oscuro de su historia. Los jesuitas están reactivando sus exigencias para que se investigue una vez por todas a los autores intelectuales de esa masacre ocurrida en 1989.

El abogado Arnau Baulenas, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, dirigida por jesuitas y donde se perpetró la masacre, dijo a The Associated Press que la sentencia en España contra el excoronel Inocente Montano muestra que las órdenes provenían de las altas esferas militares y de poder. Consideró que las autoridades no muestran interés o se resisten a que se reactiven las investigaciones.

Desde noviembre de 2017, después que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley de amnistía general para la consolidación de la paz de 1993 que impedía que se procesara a los involucrados en crímenes de guerra, la comunidad jesuita salvadoreña ha estado batallando para que se permita la reapertura del juicio.

Los jesuitas esperan que tras la condena en España se pueda determinar a su vez si el comandante general de la fuerza armada de ese momento, el expresidente Alfredo Cristiani, “supo o no que iban a asesinar a los jesuitas y cuál fue su actuación”.

Insiste en que “es evidente el poco interés” de las autoridades que administran la justicia para reactivar el caso, a lo que se suma —consideró— las acciones dilatorias de los militares y sus abogados para que todo permanezca archivado en la Corte Suprema de justicia o se falle en contra de la reapertura.

“Parece más que sea una Corte cómplice con el fin de proteger a personas acusadas de ser criminales de guerra", señaló. "Lo vemos como una amenaza en el sentido de que más bien parece que haya una complicidad con los que están siendo procesados”.

Los jesuitas que habían dado por cerrado el proceso contra los autores materiales de los crímenes insisten en el esclarecimiento de la autoría intelectual, que se investigue la participación de los militares y del mismo expresidente Cristiani, quien gobernó el país entre 1989 y 1994.

La sentencia del tribunal español llama a los actos “terrorismo desde el Estado” por parte de núcleos de poder que incluían al propio presidente de El Salvador de ese entonces con el objetivo de “perpetuarse en sus posiciones de privilegio dentro de las estructuras de poder”.

Baulenas dijo que lo que buscan contra Cristiani es lo mismo que contra los militares, “conocer la verdad y que haya justicia".

“De lo que tenemos pruebas, es que (Cristiani) realmente encubrió, pues él supo rápidamente en enero 1990, es decir pocos meses después del asesinato, que había luz verde del alto mando para matar a los jesuitas, eso me consta por un testigo”, dijo el padre José María Tejeira en un programa de entrevistas de la televisión local.

Cristiani ha negado cualquier implicación o conocimiento del plan para matar a los sacerdotes.

En un juicio considerado poco transparente, el coronel Guillermo Benavides, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del Batallón élite Atlacatl, entrenados en Estados Unidos, fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.

Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron condenados, pero fueron beneficiados en 1993 por una amnistía promovida por Cristiani después de publicarse un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que investigó y documentó la masacre, responsabilizando a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.

Benavides había sido favorecido y sobreseído con la ley de amnistía general para la consolidación de la paz de 1993, la misma que en julio de 2016 fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de justicia.

Tras la derogación de la ley de amnistía, un juez confirmó la condena de 30 años y Benavides regresó la cárcel. Sus abogados apelaron la decisión ante un tribunal superior sin éxito.

Los jesuitas han pedido oficialmente que se conmute la pena al coronel Benavides, de 78 años, el único militar preso por su participación en la matanza, pero la Corte Suprema no ha resuelto la petición de perdón.

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SAN SALVADOR. — Durante años, los intentos dentro de El Salvador por investigar y enjuiciar a los autores intelectuales de la masacre de seis sacerdotes jesuitas durante la guerra civil del país centroamericano se dilataron por maniobras legales.

La condena de 133 años de prisión impuesta este mes por un tribunal español contra un excoronel salvadoreño por su participación en el crimen está generando llamados para que el país resuelva ese episodio oscuro de su historia. Los jesuitas están reactivando sus exigencias para que se investigue una vez por todas a los autores intelectuales de esa masacre ocurrida en 1989.

El abogado Arnau Baulenas, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, dirigida por jesuitas y donde se perpetró la masacre, dijo a The Associated Press que la sentencia en España contra el excoronel Inocente Montano muestra que las órdenes provenían de las altas esferas militares y de poder. Consideró que las autoridades no muestran interés o se resisten a que se reactiven las investigaciones.

Desde noviembre de 2017, después que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley de amnistía general para la consolidación de la paz de 1993 que impedía que se procesara a los involucrados en crímenes de guerra, la comunidad jesuita salvadoreña ha estado batallando para que se permita la reapertura del juicio.

Los jesuitas esperan que tras la condena en España se pueda determinar a su vez si el comandante general de la fuerza armada de ese momento, el expresidente Alfredo Cristiani, “supo o no que iban a asesinar a los jesuitas y cuál fue su actuación”.

Insiste en que “es evidente el poco interés” de las autoridades que administran la justicia para reactivar el caso, a lo que se suma —consideró— las acciones dilatorias de los militares y sus abogados para que todo permanezca archivado en la Corte Suprema de justicia o se falle en contra de la reapertura.

“Parece más que sea una Corte cómplice con el fin de proteger a personas acusadas de ser criminales de guerra", señaló. "Lo vemos como una amenaza en el sentido de que más bien parece que haya una complicidad con los que están siendo procesados”.

Los jesuitas que habían dado por cerrado el proceso contra los autores materiales de los crímenes insisten en el esclarecimiento de la autoría intelectual, que se investigue la participación de los militares y del mismo expresidente Cristiani, quien gobernó el país entre 1989 y 1994.

La sentencia del tribunal español llama a los actos “terrorismo desde el Estado” por parte de núcleos de poder que incluían al propio presidente de El Salvador de ese entonces con el objetivo de “perpetuarse en sus posiciones de privilegio dentro de las estructuras de poder”.

Baulenas dijo que lo que buscan contra Cristiani es lo mismo que contra los militares, “conocer la verdad y que haya justicia".

“De lo que tenemos pruebas, es que (Cristiani) realmente encubrió, pues él supo rápidamente en enero 1990, es decir pocos meses después del asesinato, que había luz verde del alto mando para matar a los jesuitas, eso me consta por un testigo”, dijo el padre José María Tejeira en un programa de entrevistas de la televisión local.

Cristiani ha negado cualquier implicación o conocimiento del plan para matar a los sacerdotes.

En un juicio considerado poco transparente, el coronel Guillermo Benavides, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del Batallón élite Atlacatl, entrenados en Estados Unidos, fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.

Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron condenados, pero fueron beneficiados en 1993 por una amnistía promovida por Cristiani después de publicarse un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que investigó y documentó la masacre, responsabilizando a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.

Benavides había sido favorecido y sobreseído con la ley de amnistía general para la consolidación de la paz de 1993, la misma que en julio de 2016 fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de justicia.

Tras la derogación de la ley de amnistía, un juez confirmó la condena de 30 años y Benavides regresó la cárcel. Sus abogados apelaron la decisión ante un tribunal superior sin éxito.

Los jesuitas han pedido oficialmente que se conmute la pena al coronel Benavides, de 78 años, el único militar preso por su participación en la matanza, pero la Corte Suprema no ha resuelto la petición de perdón.

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