En España, liberan a mujer que cobraba la pensión de su abuelita que murió hace 35 años
La mujer había sido acusada de fraude a la Seguridad Social.
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Persona con billetes de dinero en sus manos / Freepik
Una mujer de Avilés, España, fue absuelta de haber sido acusada de cobrar la pensión de su abuela, quien lleva 35 años muerta, pero que mensualmente recibía el dinero en una cuenta bancaria.
La acusada dispuso de los fondos desde agosto de 2013 hasta diciembre de 2019, y con ellos efectuó reintegros, transferencias bancarias, pagos con tarjeta y domiciliación de recibos. Las pensiones, bajos con tarjeta y domiciliación de recibos. Las pensiones ingresadas sumaron un total de 61 mil 834,46 euros correspondientes al periodo comprendido entre enero de 2016 y diciembre de 2019.
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El INSS, por su parte, interpuso un recurso en el que denunciaba error en la valoración de la prueba y solicitaba la anulación de la sentencia de instancia con devolución de las actuaciones a la Audiencia Provincial para que dictara una nueva resolución.
La mujer había sido acusada de fraude a la Seguridad Social y usurpación del estado civil por la “desidia” de la entidad bancaria y del Instituto Nacional de la Seguridad (INSS), tal y como reza la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Esta sentencia que confirmaba la absolución da por probado que la abuela ingresaba mes a mes su pensión en una cuenta bancaria en la que su hija era cotitular. El ingreso continuó realizándose después de que la anciana murió en 1988 y después de que murió su hija en 2013 hasta diciembre de 2019.
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El tribunal recuerda que una de las funciones del organismo público es el control del derecho a las prestaciones económicas del sistema de Seguridad Social en sus modalidades contributivas. Además, también señala que las entidades financieras pagadoras deben comunicar a la correspondiente entidad gestora, al menos una vez al año, la pervivencia de los titulares de aquellas pensiones y demás prestaciones periódicas.
A pesar de que entre las funciones del organismo se especifica el control de las prestaciones “durante más de 30 años no se hizo absolutamente nada”. Son fondos públicos que se han permitido disponer sin control, según la sentencia.
Aunque no desmiente el fraude del que sirvió la acusada, inciden en la convicción sobre que ha sido esa desidia de los engañados la que desdibuja la suficiencia del engaño como elemento básico del delito de fraude por el que se acusó.
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