Medios nicaragüenses son 'sofocados' por gobierno de Daniel Ortega

MANAGUA. — Vacía, desolada. Así luce el área de casi 300 metros cuadrados donde durante 93 años se apilaron enormes bobinas frente a una rotativa azul a punto de apagarse. Tras 12 meses de bloqueo oficial a las importaciones de papel y tinta, el diario nicaragüense La Prensa aguarda como un enfermo terminal su casi inminente desaparición.

“Tenemos papel hasta diciembre, no más”, dijo en una entrevista con The Associated Press Eduardo Enríquez, jefe de redacción del periódico más antiguo de Nicaragua, que desde 1926 desafió dictaduras, cierres forzados y sobrevivió guerras, censura y revoluciones.

La Prensa fue un diario crítico del dictador Anastasio Somoza (1967-1979) y también de los sandinistas que gobernaron en la década de 1980 y retomaron el poder en 2007. Hace un año, en el marco de una revuelta cívica que puso en jaque a su gobierno, el presidente Daniel Ortega ordenó a la Aduana no entregarle al diario los insumos, lo que sus dueños calificaron como “una censura de facto”.

Enríquez señaló que hay 92 toneladas de papel retenidas por las que además han tenido que pagarle a la Aduana más de 10 mil dólares por su almacenaje.

Debido al bloqueo y al impacto económico de la crisis que aqueja al país, el diario se redujo de 36 a ocho páginas y despidió a 210 de sus 400 empleados. De los 100 periodistas, editores y fotógrafos que tenía sólo quedan 30.

“Tenemos 190 trabajadores. En el momento que cerremos se van a la calle los empleados de rotativa, empaque y ventas. Con suerte nos quedaremos unos 100”, dijo Enríquez, que lleva 21 años en el puesto.

Agregó que la familia Chamorro, cuyos antepasados fundaron el periódico, “está luchando para evitar el cierre” y si no lo logran tienen listo “un plan para sobrevivir digitalmente lo más que se pueda”, aunque la edición online apenas tiene 5 mil suscriptores.

Mientras, siguen imprimiendo periódicos con papel de la imprenta asociada a la empresa, que también se agotará.

Recientemente La Prensa anunció el cierre de El Azote, un suplemento de sátira política que se publicó por 25 años y cuyo director está exiliado.

“Esta es la peor crisis que hemos tenido en tiempos de paz”, admitió Enríquez. “Ahora sin guerra, pero bajo el mismo signo y el mismo régimen”.

En su última asamblea general, celebrada a principios de mes en Florida, Estados Unidos, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), resolvió “condenar al gobierno de Daniel Ortega y a la primera dama y vicepresidente Rosario Murillo por la asfixia económica y continuos ataques a la integridad de periodistas y medios de comunicación... Exigir al gobierno el desbloqueo de los insumos retenidos al diario La Prensa y a cualquier otro medio de comunicación”, al tiempo que exhortó al gobierno a que permita el desarrollo de una prensa plural y deje de controlar la información oficial.

Ortega impuso el mismo embargo aduanero en 2018 a El Nuevo Diario, el segundo medio impreso en importancia y que cerró el mes pasado tras reducir personal, páginas y circulación.

La Prensa y El Nuevo Diario habían denunciado la actuación de policías y paramilitares que sofocaron con las armas las protestas contra el gobierno que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejaron 328 muertos, más de 2 mil heridos y 700 detenidos.

En septiembre, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) remarcó la difícil situación de la prensa en Nicaragua.

"Los funcionarios están tratando abiertamente de estrangular a los principales periódicos como La Prensa y El Nuevo Diario incautando sus materiales impresos sin causa", dijo Natalie Southwick, coordinadora del Programa de América Central y del Sur del CPJ en Nueva York. "La autoridad de Aduanas de Nicaragua debe liberar los suministros que retienen como rehenes y permitir que los periódicos continúen su papel vital de informar al público".

Unos 70 periodistas independientes tuvieron que huir por amenazas, ataques y allanamiento de sus medios engrosando la lista de exiliados que según la CIDH supera los 70 mil nicaragüenses.

cog 

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