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Venezuela acusa a Borrell y a Bachelet de intromisión

El gobierno condenó los pronunciamientos sobre Venezuela que hicieron el jefe de asuntos exteriores de la UE, Josep Borrell, y la alta comisionada Michelle Bachelet.

Editorial Telediario Nacional /

CARACAS.- Venezuela acusó el domingo al jefe de asuntos exteriores de la Unión Europea y a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos de entrometerse en sus asuntos internos y de apoyar a los “actores violentos” en el país suramericano.

 

El gobierno condenó los pronunciamientos sobre Venezuela que hicieron el jefe de asuntos exteriores de la UE, Josep Borrell, y la alta comisionada Michelle Bachelet, a los que señaló de incurrir en “inaceptables intromisiones en asuntos internos”.

 

En un comunicado, Caracas expresó que las posturas de Borrell y Bachelet “representan un llamado a inobservar las leyes y normas del ordenamiento jurídico venezolano y se traducen finalmente en soterrados apoyos a los actores políticos violentos”.

 

El gobierno venezolano hace su declaración un día después que Borrell rechazó el retiro de la inmunidad y los procesos judiciales que se iniciaron esta semana a cuatro diputados opositores por rebelión y traición a la patria, entre otros delitos, hechos que consideró una “grave violación” a los principios democráticos y la Constitución, y planteó que la solución pacífica sólo puede lograrse si se respeta a la Asamblea Nacional.

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Algunos países de la UE han mantenido una postura crítica hacia el gobierno de Nicolás Maduro y han exhortado a efectuar nuevas elecciones para que la nación suramericana pueda salir de la crisis que enfrenta.

 

La oficialista Asamblea Nacional Constituyente retiró el lunes la inmunidad y aprobó la apertura de procesos a los diputados Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano y Luis Stefanelli por los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado. Asimismo, se ordenó la detención de otros dos diputados opositores, que fueron señalados de participar en un supuesto complot.

 

Con estas acciones ya son más de 25 personas, incluido el líder opositor Juan Guaidó, las que han sido sometidas a procesos judiciales en los últimos siete meses.

 

Algunos dirigentes han acusado al gobierno de arreciar las acciones contra la oposición en un intento por evitar que Guaidó, al que más de 50 países consideran presidente encargado de Venezuela, sea reelegido el 5 de enero en el puesto de jefe de la Asamblea Nacional.

 

En medio del tenso contexto fue asesinada la ex concejal opositora Rosalba “Mara” Valdez en su casa, en un poblado del estado Bolívar, anunció el domingo su partido Primero Justicia en un comunicado. Pidió a las autoridades detener a los responsables, a los que considera delincuentes.

 

Por su parte, Bachelet manifestó la víspera preocupación por la detención el viernes en la noche del diputado opositor Gilber Caro y su asistente, e instó en Twitter a las autoridades venezolanas a respetar el derecho al debido proceso y “abstenerse de actos intimidatorios” contra miembros del Congreso, de mayoría opositora, por el ejercicio de sus derechos.

 

En sus últimos informes, la alta comisionada ha expresado inquietud en torno a la situación de los derechos humanos en Venezuela, y ha denunciado casos de torturas y presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por funcionarios policiales. El gobierno venezolano ha condenado las declaraciones de la ex presidenta chilena, a la que señala de “repetir mentiras” sin pruebas ni testimonios.

 

El partido Voluntad Popular, del cual forman parte Caro y Guaidó, dijo en Twitter que Caro y su asistente fueron trasladados el domingo a tribunales y que no se permite el ingreso de sus abogados a la audiencia. Hasta el momento las autoridades no han ofrecido comentarios sobre el caso.

 

Esta es la tercera vez en dos años que Caro es apresado. El diputado suplente fue excarcelado en junio pasado por segunda vez, parte de la mediación de un grupo de políticos luego de pasar casi dos meses detenido en una sede de la policía política. En 2017 el congresista fue arrestado por primera vez tras ser acusado de participar en un supuesto complot contra el gobierno, y pasó año y medio en la cárcel.

 

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