Hay 600 obras de educación con retraso, buscan sancionar a empresas  

En Guanajuato se han acumulado alrededor de 600 contratos de infraestructura educativa que presentan retrasos, por lo que se ha dado un plazo de tres meses para que las empresas se pongan al corriente, así lo aseguró Emilio Zúñiga García, coordinador regional del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.

Los proyectos de infraestructura educativa que no han sido concluidos se desprenden del 2016 al 2018 y que en promedio solo el 35% de un aproximado de mil obras que se iniciaron en este periodo se han finiquitado, detalló Zúñiga García.

“Deben de ser mil contratos pero en este ejercicio del último trienio de la administración pasada, en ese porcentaje deben de ser cerca de 600 (contratos) los que están pendientes de finiquitar en todo el estado”.

“En Guanajuato traía un finiquitado de un 35% por ciento (en los contratos de infraestructura educativa) va aumentando el porcentaje con el apoyo de la federación y con los abogados que han venido a dar pláticas se vienen incrementado los finiquitos pero sí había en general retrasos importantes en finiquitar”, dijo Zúñiga García.

Por su parte, Jorge Jiménez Alcaraz, director nacional de INIFED señaló que actualmente se realizan protocolos para evitar que haya retrasos en las obras públicas educativas y que si en tres meses las constructoras no finiquiten sus contratos, van a solicitar el apoyo del gobierno estatal para comenzar a realizar sanciones.

“Ya estamos tomando medidas junto con el gobierno del estado, esperamos que en tres meses se pueda regularizar y en su caso el estado tendría que ir sancionando las empresas que no cumplan o que no atiendan la convocatoria para cerrar sus contratos y finiquitarlos”, expuso.

El funcionario federal declaró que estaría a favor que las constructoras que incumplieron sus obligaciones no vuelvan a participar en los próximos concursos de licitación y solo se contemple a las empresas que hayan demostrado un “compromiso”.

“En su caso a las empresas que no hayan cumplido en alguna de las fases tanto de ejecución de obra o en la parte administrativa, sería lo adecuado que aquellas empresas que hayan demostrado no tener un compromiso formal con los contratos anteriores no puedan participar en las siguientes licitaciones”.

Jiménez Alcaraz expuso que se pretende que las empresas conozcan desde el inicio el presupuesto base con el que se cuenta para realizar obras, pues se ha detectado que anteriormente se les filtraba a algunos empresarios el monto que se ejercería para cada proyecto, lo que provocaba condiciones inequitativas.

“En las licitaciones públicas normalmente la dependencia o la institución que convoca tiene un presupuesto base y se maneja siempre de manera reservada y a veces se filtra a una empresa o dos y crea condiciones inequitativas y ahora lo que le pedimos al instituto guanajuatense es que cuando haga licitaciones entregue su presupuesto base para que las empresas de entrada vean el costo que tiene ya analizado la institución”.

“Lo que observamos y estamos tomando medidas para regularizar es retraso en la ejecución y en la aplicación de los recursos y también en el cierre de contratos, lamentablemente en todo el país y en los recursos que hemos transferido a los estados hay un problema de sobre ejercicio”