Abogada de la familia de hermanos Camarena señala el seguimiento del caso por parte de las autoridades

El 19 de diciembre del 2019 cuatro hermanos fueron privados de su libertad por policías municipales de Ocotlán, sin embargo, el Estado mexicano no ha cumplido con las acciones solicitadas el pasado 6 de enero por el Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED) de las Naciones Unidas.

Por un año la Fiscalía del Estado de Jalisco negó el acceso a la información a los familiares de las víctimas y no les daban información de la carpeta de investigación; además, rechazó la primera solicitud de aprehensión en contra de los presuntos responsables de la desaparición.

Ana Cabral, abogada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. y encargada de dar apoyo jurídico a los familiares y vigilar el cumplimiento de las acciones solicitadas por el CED, mencionó que aún falta que las instituciones estatales y federales se involucren en los trabajos de búsqueda.  

Sí ha sido reiterado el sentimiento desde la familia que en el tema de la búsqueda hay avances escasos, se continúan las prácticas de exclusión principalmente por parte de la Fiscalía y ha sido parte de la lucha impulsar la coordinación interestacional

La abogada añadió que se han sostenido mesas de trabajo en los últimos seis meses para determinar las acciones de búsqueda a partir de las líneas de investigación, pero que aún queda pendiente materializarlo en operativos que sean participativos.

¿Qué ocurrió con los presuntos responsables?

Después la detención de dos policías presuntamente involucrados el pasado 19 de abril, dos de los tres que están prófugos de la justicia, solicitaron un juicio de amparo para deslindar responsabilidades por el delito de desaparición forzada.

Los juicios de amparo fueron solicitados por Emilio Antonio González, quien fue titular de la Comisión de Seguridad Pública de Ocotlán desde mayo del 2019 hasta el 9 de marzo del 2021, el segundo amparo fue solicitado por Carlos Giovanni Rodríguez, ex policía de Ocotlán y quien estaba vigente como elemento de seguridad en el mismo municipio.

En total fueron seis policías presuntamente involucrados con el delito de desaparición forzada; sólo cinco órdenes de aprehensión ya que uno de los policías no ha sido identificado. Dos elementos se encuentran vinculados a proceso y tres prófugos de la justicia.

MRG