Después de seis años, Congreso del Estado aprueba juicio político en contra de Armando García Estrada

Luego de casi seis años de iniciado el conflicto legal, el Congreso del Estado aprobó el juicio político en contra del magistrado Armando García Estrada, por realizar malos manejos de la función pública al ordenar la suspensión que tenía clausurada la construcción del edificio ubicado en el cruce de la calle Otranto y Alberta, en la colonia Providencia, el cual incumplía con los planes parciales de Guadalajara y además afectó el patrimonio de Salvador y su familia.

Este, fue el hogar de la familia Martín durante 30 años; en 2018 se vieron obligados a abandonarlo, luego de que un dictamen de Protección Civil determinó que la casa ya no era un lugar seguro para habitar.

La edificación de la torre de siete pisos y 21 departamentos que se encuentra a un costado provocó grietas, hundimientos y humedad en la casa de Salvador; en 2016 inició una lucha legal para conseguir que la empresa Sacnes Constructores se hiciera responsable de los daños causados a la vivienda pero hasta el momento no han recibido ninguna indemnización.

Actualmente se lleva a cabo un juicio civil por la reparación del daño, en el juzgado sexto de lo civil. El perito que fue nombrado por el juzgado y que además es parte del Consejo de la Judicatura, atribuyó los daños de la casa a la humedad.

El abogado de la familia, Christian Gudiño, informó que también solicitaron al Congreso del Estado que la familia Gandulf, dueños de 'Sacnes Constructores' comparezcan ante el Congreso y rindan su testimonio sobre los hechos.

"Nosotros consideramos que además de las actuaciones que se deben de revisar hechas por el magistrado, pues ellos no actúan solos, alguien les pide que hagan las cosas y estos empresarios son los que promovieron los juicios, en consecuencia nosotros queremos que el Congreso los interrogue, comparezcan y que se esclarezcan los hechos Christian Gudiño.

Piden al Congreso que en caso de advertir un delito se canalice a la Fiscalía del Estado. También se presentó denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción ya que el director de obras públicas de Guadalajara renovaron la licencia del edificio cuando esta se venció y otorgaron el permiso de habitabilidad.