Arturo Zaldívar, en contra de declarar inconstitucional consulta de juicio a ex presidentes

MÉXICO.- Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se pronunció en contra del proyecto del ministro Luis María Aguilar, que propone declarar inconstitucional la consulta popular para investigar, y en su caso sancionar, a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Toda vez que el ejercicio de las atribuciones de procuración e impartición de justicia está blindado por las normas que establece la Constitución, no advierto ningún impacto inconstitucional previsible de la consulta.

“Esta Suprema Corte no puede coartar el derecho a la participación democrática a la ligera”, subrayó en su pronunciamiento durante la sesión del Pleno el máximo tribunal del país, realizada por videoconferencia.

El ministro Zaldívar también enfatizó que, con la resolución de este asunto, la Suprema Corte tiene la oportunidad “histórica de actuar como un auténtico tribunal constitucional para darle un sentido verdaderamente democrático al mecanismo de consulta popular".

“Puede funcionar como un instrumento para acercar la política criminal a la sociedad, y con ello generar insumos que permitan a los órganos de la democracia representativa diseñar un derecho penal más democrático, incluyente y verdaderamente cercano a los intereses y preocupaciones de la ciudadanía.

“Esto no significa que la justicia penal deba quedar a merced de la opinión pública. Como en cualquier Estado democrático y constitucional de Derecho, la voluntad popular, especialmente en el ámbito del derecho penal, tiene límites, y en ningún caso puede pasar por encima de los derechos fundamentales “, enfatizó.

Enfatizó que “lo que no podemos hacer es cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal".

“Si tenemos éxito, habremos inaugurado una nueva etapa de nuestra vida democrática, marcada por la posibilidad real de hacer efectiva la participación ciudadana en la deliberación pública, y con ello, la consolidación de nuestras aspiraciones constitucionales más profundas de paz, igualdad, justicia y bienestar social.

“Los problemas de desinformación y de la llamada ‘pseudo opinión pública’ se resuelven comprometiéndonos con un proceso serio de debate, de intercambio robusto de información y de genuina reflexión social", subrayó.

Enseguida, el ministro presidente Zaldívar refutó los cinco aspectos por los que el ministro Aguilar consideró inconstitucional la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó que la consulta exponga a alguien como culpable, “ni es sugestiva".

“La materia de la consulta no asume que las personas que menciona son responsables ni tampoco busca que la ciudadanía decida su culpabilidad. Lo que la consulta busca conocer es simplemente si la ciudadanía está de acuerdo en que las autoridades investiguen y, en su caso, sancionen, su presunta responsabilidad en la comisión de delitos, conforme a las leyes y los procedimientos aplicables.

“En ese sentido, es falso que la consulta implique una ‘exposición mediática estigmatizante’ y, por tanto, que pueda generar un efecto corruptor en las eventuales investigaciones que se realicen”, recalcó.

mvls 

MÉXICO.- Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se pronunció en contra del proyecto del ministro Luis María Aguilar, que propone declarar inconstitucional la consulta popular para investigar, y en su caso sancionar, a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Toda vez que el ejercicio de las atribuciones de procuración e impartición de justicia está blindado por las normas que establece la Constitución, no advierto ningún impacto inconstitucional previsible de la consulta.

“Esta Suprema Corte no puede coartar el derecho a la participación democrática a la ligera”, subrayó en su pronunciamiento durante la sesión del Pleno el máximo tribunal del país, realizada por videoconferencia.

El ministro Zaldívar también enfatizó que, con la resolución de este asunto, la Suprema Corte tiene la oportunidad “histórica de actuar como un auténtico tribunal constitucional para darle un sentido verdaderamente democrático al mecanismo de consulta popular".

“Puede funcionar como un instrumento para acercar la política criminal a la sociedad, y con ello generar insumos que permitan a los órganos de la democracia representativa diseñar un derecho penal más democrático, incluyente y verdaderamente cercano a los intereses y preocupaciones de la ciudadanía.

“Esto no significa que la justicia penal deba quedar a merced de la opinión pública. Como en cualquier Estado democrático y constitucional de Derecho, la voluntad popular, especialmente en el ámbito del derecho penal, tiene límites, y en ningún caso puede pasar por encima de los derechos fundamentales “, enfatizó.

Enfatizó que “lo que no podemos hacer es cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal".

“Si tenemos éxito, habremos inaugurado una nueva etapa de nuestra vida democrática, marcada por la posibilidad real de hacer efectiva la participación ciudadana en la deliberación pública, y con ello, la consolidación de nuestras aspiraciones constitucionales más profundas de paz, igualdad, justicia y bienestar social.

“Los problemas de desinformación y de la llamada ‘pseudo opinión pública’ se resuelven comprometiéndonos con un proceso serio de debate, de intercambio robusto de información y de genuina reflexión social", subrayó.

Enseguida, el ministro presidente Zaldívar refutó los cinco aspectos por los que el ministro Aguilar consideró inconstitucional la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó que la consulta exponga a alguien como culpable, “ni es sugestiva".

“La materia de la consulta no asume que las personas que menciona son responsables ni tampoco busca que la ciudadanía decida su culpabilidad. Lo que la consulta busca conocer es simplemente si la ciudadanía está de acuerdo en que las autoridades investiguen y, en su caso, sancionen, su presunta responsabilidad en la comisión de delitos, conforme a las leyes y los procedimientos aplicables.

“En ese sentido, es falso que la consulta implique una ‘exposición mediática estigmatizante’ y, por tanto, que pueda generar un efecto corruptor en las eventuales investigaciones que se realicen”, recalcó.

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