Ejecutado en restaurante de Jalisco tenía sentencia de 24 años de cárcel

JALISCO.-  Martín Arzola Ortega, ‘El 53’, jefe de sicarios del cártel de Jalisco Nueva Generación, ejecutado en un restaurante de comida rápida en Plaza Galerías de Zapopan, donde se encontraba la familia del gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, fue sentenciado a 24 años de prisión por el delito de delincuencia organizada.

De acuerdo con registros judiciales, el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Estado de México dictó la condena el 8 de diciembre de 2015, dentro de la causa penal 92/2011. Hasta el momento, ni una autoridad federal o judicial ha explicado cómo recobró su libertad.

Arzola Ortega fue detenido en septiembre de 2011, tras un operativo de la Policía Federal en la ciudad de Guadalajara. Se le capturó con una identificación falsa con el nombre de Ramón Franco Zavala y estaba acompañado de Erick José Alcázar Limón ‘El Niño’. Ambos portaban armas de fuego.

Su trabajo también consistía en contactar al personal de las distintas corporaciones policiacas para obtener información que facilitara las operaciones del CJNG y cómo localizar a grupos rivales; asimismo, vigilar la distribución de drogas en “narcotienditas”.

AMPARO

En un principio fue internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, pero el 2 de febrero de 2016, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 13, en Oaxaca, por lo que promovió una demanda de garantías, la cual quedó radicada en el juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federal, con sede en Toluca.

El juez de amparo le concedió la protección de la justicia y ordenó el regreso del reo al Altiplano. La resolución fue confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.

Por unanimidad, los magistrados del Tribunal Colegiado señalaron que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social no tenía la autoridad para determinar o no el traslado de un sentenciado a otro centro de reclusión, sin haberlo consultado al juez de la causa penal, es decir, al juez que sentenció a El 53.

“….debió existir autorización previa del juez bajo quien está a disposición el quejoso, previo análisis y valoración de los argumentos que en su caso hiciera valer la autoridad administrativa para el probable traslado, o no, de un procesado de una institución a otra, atendiendo, entre otros, al principio orientador del régimen penitenciario para que los internos puedan compurgar penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, y así resolver si cumple o no con las condiciones para la permanencia del interno en el centro federal”, detalla la sentencia.

El comisionado del OADPRS argumentó ante el tribunal que el amparo concedido por el juez de primera instancia era incongruente, porque omitió “considerar que se han realizado acciones que pretenden lograr el control de la vida intramuros en el Centro de Reclusión en el que se encontraba el quejoso, en el que se ha generado inestabilidad (El Altiplano) y puesta en peligro de la seguridad e integridad física del resto de la población interna y del personal que labora en esa instalación penitenciaria.

Asimismo, añadió que el director del Altiplano podía solicitar el traslado de sentenciados federales a un diverso Centro Federal más adecuado, sin consentimiento del juez, ya que El 53 “fue sentenciado por un delito de alto impacto social como lo es delincuencia organizada y forma parte del grupo delictivo denominado Cártel de Jalisco, por lo que requiere medidas especiales de seguridad, lo que no valoró el juez”.

PROTESTA

Arzola logró regresar al Altiplano, donde en marzo de 2018, se unió a una protesta organizada por los líderes y operadores internos en ese penal, y en el de máxima seguridad del Occidente, en Jalisco, donde se quejaron por los precios de los productos que se les vendían en prisión.

Entre los inconformes, destaca el líder y fundador de La Familia Michoacana, Jesús El Chango Méndez; del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, e incluso participó Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos y señalado como responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.