Erika tomó sede de CNDH para exigir justicia por su pequeña hija y es demandada ante FGR

Han pasado casi cuatro años y las autoridades no han podido emitir una orden de aprehensión para el hombre que, en 2017, abusó sexualmente de la hija de Erika Martínez, en ese entonces de 7 años de edad. Sin embargo, hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra Ibarra, pretende que Erika sea castigada penalmente por la protesta, que ella y otras mujeres, llevan a cabo en el inmueble del organismo, ubicado en República de Cuba número 60, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

“Si el agresor de mi hija hoy estuviera en la cárcel yo no hubiera tenido que salir a la calle para exigir y protestar”, dijo Erika, quien desde el 4 de septiembre de 2020, no se ha movido de la instalaciones de la CNDH, ahora convertidas en una casa refugio para mujeres víctimas de violencia.

La denuncia penal contra Erika fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 8 de septiembre de 2020, y firmada por Luciana Montaño, apoderada legal de la Comisión, es decir, sólo cuatro días después del inicio de la protesta, pese a que en un comunicado fechado el 10 del mismo mes, Rosario Piedra, se había comprometido a no llevar a cabo ningún tipo de represalia.

“La CNDH reitera que no es, ni ha sido su intención tomar ningún tipo de represalia o presentar denuncia alguna en contra de las personas que se manifestaron en las instalaciones del Centro Histórico de la Ciudad de México, toda vez que desde el inicio de la presente administración se ha instrumentado una política de puertas abiertas, diálogo constructivo y cercanía con las víctimas, misma que será refrendada y cumplida bajo cualquier circunstancia” se lee en el comunicado de prensa DGC/286/2020.

Erika es requerida por el Ministerio Público Federal, en calidad de imputada por los delitos de despojo y daños. Tiene miedo de ser llevada a prisión y que su hija, de ahora 10 años de edad se quede en la indefensión, después de haber sido agredida sexualmente y que el delito continúe en la impunidad.

“Qué va a pasar el día que a mí me encarcelen y que mi hija pequeña se sienta culpable por su abuso. Imagínate la situación psicológica y que mi pequeña diga: “mi mamá por estar luchando por tener justicia ahora está en la cárcel”, y esa es la peor impotencia de una como madre”.

Desde 2018, un año después del abuso sexual, Erika se ha volcado a las calles para pedir cárcel para el hombre que le arrebató la infancia a su hija, quien hasta la fecha tiene afectaciones psicológicas que no ha podido superar: tristeza, ansiedad y hasta culpabilidad por la persecución de la que es víctima su mamá.

Erika dice que se cansó de sentarse con autoridades que le prometieron justicia pero ésta nunca llegó. “Yo en esa marcha quería gritar; quería que la historia de mi hija la conocieran; que nos voltearan a ver; que nos dieran una solución” dijo llorando.

La carpeta de investigación contra Erika y otras mujeres que se unieron a su causa, cuenta con más de 500 fojas y detallan que la Comisión está negada a llegar a un acuerdo final con las víctimas, cuando su papel y naturaleza debería ser defenderlas.

Tal vez el día de mañana esté detenida por cargos por protestar, por exigir justicia. Lo más triste es que la persona que abusó de mi hija está libre sin siquiera haber tenido que ampararse”.

Carlos Olvera, asesor jurídico, dijo que Erika podría ser acreedora a una pena de prisión, por los delitos que le han imputado: despojo y daños. Consideró que lo que está haciendo la Comisión es revictimizante y paradójicamente violatorio de los derechos humanos.

“Es preocupante porque la CNDH, uno entendería que el papel que tiene es de promotora, defensora y difusora de derechos humanos y aquí en esta carpeta la CNDH se ostenta como una víctima; como víctima de las víctimas”, explicó.

MILENIO buscó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para conocer su postura al respecto, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no tuvimos respuesta.

Han pasado casi cuatro años y las autoridades no han podido emitir una orden de aprehensión para el hombre que, en 2017, abusó sexualmente de la hija de Erika Martínez, en ese entonces de 7 años de edad. Sin embargo, hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra Ibarra, pretende que Erika sea castigada penalmente por la protesta, que ella y otras mujeres, llevan a cabo en el inmueble del organismo, ubicado en República de Cuba número 60, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

“Si el agresor de mi hija hoy estuviera en la cárcel yo no hubiera tenido que salir a la calle para exigir y protestar”, dijo Erika, quien desde el 4 de septiembre de 2020, no se ha movido de la instalaciones de la CNDH, ahora convertidas en una casa refugio para mujeres víctimas de violencia.

La denuncia penal contra Erika fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 8 de septiembre de 2020, y firmada por Luciana Montaño, apoderada legal de la Comisión, es decir, sólo cuatro días después del inicio de la protesta, pese a que en un comunicado fechado el 10 del mismo mes, Rosario Piedra, se había comprometido a no llevar a cabo ningún tipo de represalia.

“La CNDH reitera que no es, ni ha sido su intención tomar ningún tipo de represalia o presentar denuncia alguna en contra de las personas que se manifestaron en las instalaciones del Centro Histórico de la Ciudad de México, toda vez que desde el inicio de la presente administración se ha instrumentado una política de puertas abiertas, diálogo constructivo y cercanía con las víctimas, misma que será refrendada y cumplida bajo cualquier circunstancia” se lee en el comunicado de prensa DGC/286/2020.

Erika es requerida por el Ministerio Público Federal, en calidad de imputada por los delitos de despojo y daños. Tiene miedo de ser llevada a prisión y que su hija, de ahora 10 años de edad se quede en la indefensión, después de haber sido agredida sexualmente y que el delito continúe en la impunidad.

“Qué va a pasar el día que a mí me encarcelen y que mi hija pequeña se sienta culpable por su abuso. Imagínate la situación psicológica y que mi pequeña diga: “mi mamá por estar luchando por tener justicia ahora está en la cárcel”, y esa es la peor impotencia de una como madre”.

Desde 2018, un año después del abuso sexual, Erika se ha volcado a las calles para pedir cárcel para el hombre que le arrebató la infancia a su hija, quien hasta la fecha tiene afectaciones psicológicas que no ha podido superar: tristeza, ansiedad y hasta culpabilidad por la persecución de la que es víctima su mamá.

Erika dice que se cansó de sentarse con autoridades que le prometieron justicia pero ésta nunca llegó. “Yo en esa marcha quería gritar; quería que la historia de mi hija la conocieran; que nos voltearan a ver; que nos dieran una solución” dijo llorando.

La carpeta de investigación contra Erika y otras mujeres que se unieron a su causa, cuenta con más de 500 fojas y detallan que la Comisión está negada a llegar a un acuerdo final con las víctimas, cuando su papel y naturaleza debería ser defenderlas.

Tal vez el día de mañana esté detenida por cargos por protestar, por exigir justicia. Lo más triste es que la persona que abusó de mi hija está libre sin siquiera haber tenido que ampararse”.

Carlos Olvera, asesor jurídico, dijo que Erika podría ser acreedora a una pena de prisión, por los delitos que le han imputado: despojo y daños. Consideró que lo que está haciendo la Comisión es revictimizante y paradójicamente violatorio de los derechos humanos.

“Es preocupante porque la CNDH, uno entendería que el papel que tiene es de promotora, defensora y difusora de derechos humanos y aquí en esta carpeta la CNDH se ostenta como una víctima; como víctima de las víctimas”, explicó.

MILENIO buscó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para conocer su postura al respecto, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no tuvimos respuesta.