A Fátima le falló la escuela, el agente de MP, la fiscalía y el DIF

 La suerte de Fátima la definieron los errores y la omisión de reglas que ya existen.

A la luz de los primeros hallazgos y declaraciones de las autoridades capitalinas, al menos cuatro medidas que hubieran sido fundamentales para la pronta localización de la menor fallaron: el protocolo de entrega a los menores en las escuelas, la emisión inmediata de la Alerta Amber, la apertura de la investigación y la búsqueda de la niña en las primeras horas de su desaparición, cruciales para dar con el paradero de una persona.

Una revisión realizada por MILENIO en distintos lineamientos locales establece que estos cuatro mecanismos, cuyo fortalecimiento fue anunciado este martes por el gobierno capitalino, ya existen, pero no se aplicaron adecuadamente.

A estos lapsus se suman otros, como la revelación de datos confidenciales de la familia de la menor en una ficha del DIF, además de declaraciones de la fiscalía sobre la salud mental de sus padres.

La Comisión de Derechos Humanos capitalina se pronunció por investigar si hubo incumplimiento injustificado o actuación negligente ante cualquier obligación relacionada con la búsqueda inmediata de personas, así como en la investigación ministerial, pericial y policial o en los procedimientos establecidos en los protocolos correspondientes y, de ser el caso, “deben ser sancionadas administrativa e incluso penalmente”. 

En el segundo día de la crisis desatada por el feminicidio de Fátima, desde distintos niveles del gobierno de Claudia Sheinbaum se reconoció que hubo fallas de acción y omisión que tendrán que ser analizadas y por las que habrá sanciones a quien resulte responsable.

Fue una aceptación de una serie de errores que desencadenaron en la muerte de la menor y que, para Derechos Humanos de Ciudad de México, revelan algo evidente: se tiene que investigar qué salió mal para que una niña que en teoría tendría que haber contado con múltiples mecanismos de protección resultara asesinada.

En paralelo, la fiscal Ernestina Godoy informó que ya se abrió una investigación contra funcionarios que pudieron incumplir sus responsabilidades esto, después de que la familia denunció que le pidieron esperar 72 horas para abrir una carpeta de investigación por desaparición.

“Está el turno que se encontraba en la Fiscalía de Tláhuac, desde quienes reciben a la familia a las 12:30 quienes las pasan a otro módulo de atención y orientación y se canalizan hacia la Fiscalía Especializada y en esta, todos los que intervinieron, entre 10 y 12 personas”, precisó la fiscal.

Comentó además que el día de la desaparición de la niña, en las inmediaciones del colegio se instaló la Feria del Amaranto, cuyo tendido de lonas impidió la visibilidad de las cámaras de seguridad del gobierno. Eso, argumentó, demoró la búsqueda de la menor, aunque los equipos de videovigilancia privados permitieron ubicar a la sospechosa. 

MÉXICO.- La suerte de Fátima la definieron los errores y la omisión de reglas que ya existen.

A la luz de los primeros hallazgos y declaraciones de las autoridades capitalinas, al menos cuatro medidas que hubieran sido fundamentales para la pronta localización de la menor fallaron: el protocolo de entrega a los menores en las escuelas, la emisión inmediata de la Alerta Amber, la apertura de la investigación y la búsqueda de la niña en las primeras horas de su desaparición, cruciales para dar con el paradero de una persona.

Una revisión realizada por MILENIO en distintos lineamientos locales establece que estos cuatro mecanismos, cuyo fortalecimiento fue anunciado ayer por el gobierno capitalino, ya existen, pero no se aplicaron adecuadamente.

A estos lapsus se suman otros, como la revelación de datos confidenciales de la familia de la menor en una ficha del DIF, además de declaraciones de la fiscalía sobre la salud mental de sus padres.

La Comisión de Derechos Humanos capitalina se pronunció por investigar si hubo incumplimiento injustificado o actuación negligente ante cualquier obligación relacionada con la búsqueda inmediata de personas, así como en la investigación ministerial, pericial y policial o en los procedimientos establecidos en los protocolos correspondientes y, de ser el caso, “deben ser sancionadas administrativa e incluso penalmente”. 

En el segundo día de la crisis desatada por el feminicidio de Fátima, desde distintos niveles del gobierno de Claudia Sheinbaum se reconoció que hubo fallas de acción y omisión que tendrán que ser analizadas y por las que habrá sanciones a quien resulte responsable.

Fue una aceptación de una serie de errores que desencadenaron en la muerte de la menor y que, para Derechos Humanos de Ciudad de México, revelan algo evidente: se tiene que investigar qué salió mal para que una niña que en teoría tendría que haber contado con múltiples mecanismos de protección resultara asesinada.

En paralelo, la fiscal Ernestina Godoy informó que ya se abrió una investigación contra funcionarios que pudieron incumplir sus responsabilidades esto, después de que la familia denunció que le pidieron esperar 72 horas para abrir una carpeta de investigación por desaparición.

“Está el turno que se encontraba en la Fiscalía de Tláhuac, desde quienes reciben a la familia a las 12:30 quienes las pasan a otro módulo de atención y orientación y se canalizan hacia la Fiscalía Especializada y en esta, todos los que intervinieron, entre 10 y 12 personas”, precisó la fiscal.

Comentó además que el día de la desaparición de la niña, en las inmediaciones del colegio se instaló la Feria del Amaranto, cuyo tendido de lonas impidió la visibilidad de las cámaras de seguridad del gobierno. Eso, argumentó, demoró la búsqueda de la menor, aunque los equipos de videovigilancia privados permitieron ubicar a la sospechosa. 

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MÉXICO.- La suerte de Fátima la definieron los errores y la omisión de reglas que ya existen.

A la luz de los primeros hallazgos y declaraciones de las autoridades capitalinas, al menos cuatro medidas que hubieran sido fundamentales para la pronta localización de la menor fallaron: el protocolo de entrega a los menores en las escuelas, la emisión inmediata de la Alerta Amber, la apertura de la investigación y la búsqueda de la niña en las primeras horas de su desaparición, cruciales para dar con el paradero de una persona.

Una revisión realizada por MILENIO en distintos lineamientos locales establece que estos cuatro mecanismos, cuyo fortalecimiento fue anunciado ayer por el gobierno capitalino, ya existen, pero no se aplicaron adecuadamente.

A estos lapsus se suman otros, como la revelación de datos confidenciales de la familia de la menor en una ficha del DIF, además de declaraciones de la fiscalía sobre la salud mental de sus padres.

La Comisión de Derechos Humanos capitalina se pronunció por investigar si hubo incumplimiento injustificado o actuación negligente ante cualquier obligación relacionada con la búsqueda inmediata de personas, así como en la investigación ministerial, pericial y policial o en los procedimientos establecidos en los protocolos correspondientes y, de ser el caso, “deben ser sancionadas administrativa e incluso penalmente”. 

En el segundo día de la crisis desatada por el feminicidio de Fátima, desde distintos niveles del gobierno de Claudia Sheinbaum se reconoció que hubo fallas de acción y omisión que tendrán que ser analizadas y por las que habrá sanciones a quien resulte responsable.

Fue una aceptación de una serie de errores que desencadenaron en la muerte de la menor y que, para Derechos Humanos de Ciudad de México, revelan algo evidente: se tiene que investigar qué salió mal para que una niña que en teoría tendría que haber contado con múltiples mecanismos de protección resultara asesinada.

En paralelo, la fiscal Ernestina Godoy informó que ya se abrió una investigación contra funcionarios que pudieron incumplir sus responsabilidades esto, después de que la familia denunció que le pidieron esperar 72 horas para abrir una carpeta de investigación por desaparición.

“Está el turno que se encontraba en la Fiscalía de Tláhuac, desde quienes reciben a la familia a las 12:30 quienes las pasan a otro módulo de atención y orientación y se canalizan hacia la Fiscalía Especializada y en esta, todos los que intervinieron, entre 10 y 12 personas”, precisó la fiscal.

Comentó además que el día de la desaparición de la niña, en las inmediaciones del colegio se instaló la Feria del Amaranto, cuyo tendido de lonas impidió la visibilidad de las cámaras de seguridad del gobierno. Eso, argumentó, demoró la búsqueda de la menor, aunque los equipos de videovigilancia privados permitieron ubicar a la sospechosa. 

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