Por huelga, constructora cede terrenos a trabajadores donde ya habitan dos mil familias
Más de dos mil familias de siete cotos y fraccionamientos de Zapopan podrían perder su patrimonio por un conflicto laboral que les es ajeno.
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Por huelga, constructora cede terrenos a trabajadores donde ya habitan dos mil familias
Más de dos mil familias que residen en siete cotos y fraccionamientos de Zapopan podrían perder su vivienda a causa de una huelga laboral que inició el Sindicato Nacional de Industria de Trabajadores del Ramo de Autotransportes en General San Juan de Teotihuacán contra la empresa constructora 6JR S.A. de C.V.
El pasado 8 de abril, habitantes de los fraccionamientos Misión la Floresta, Valle de San Nicolas, Villas de Otero, Coto La Peña, y Citala 1, 2 y 3, recibieron un documento de emplazamiento, con el número de expediente 783/2013/2-C, donde se les notificaba sobre su obligación de defender sus propiedades ante una audiencia de conciliación, demandas y excepciones.
El puñado de hojas fue entregado de manera personal en los domicilios, pero en algunos casos solo fue dejado al exterior de la vivienda, sin previo aviso o posterior confirmación de recibo.
“Entre los convenios de esa supuesta huelga que menciona este documento, es que la constructora llegó a un acuerdo de no pagarles económicamente sino con el terreno en donde ya están fincadas nuestras propiedades. Entonces lo que nos están haciendo con estos documentos, nos están obligando a presentarnos para defender nuestro patrimonio”, explicó un vecino.
De acuerdo con lo señalado en el documento, la disputa legal entre el sindicato y la constructora surgió en 1995 pero la huelga laboral estalló en 2013, bajo el argumento de no pagar salarios, sueldos caídos y falta o adeudo de prestaciones.
En compensación, la empresa constructora cedió a los trabajadores sindicalizados los terrenos donde actualmente viven más de dos mil familias, sin embargo, los residentes señalan que adquirieron las viviendas en diversas inmobiliarias y algunos continúan pagando sus créditos en instituciones bancarias, así como INFONAVIT, ISSSTE y Pensiones del Estado.
Los vecinos han creado comités para buscar asesoría legal, y según lo que les han comentado abogados, cada propietario de las más de dos mil viviendas afectadas tendrá que interponer un amparo, cuyo costo asciende a los 20 mil pesos.
Los afectados instaron a las autoridades estatales a intervenir en el caso y brindar abogados de oficio a las familias que no tienen los recursos económicos para pagar uno.
CGE
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