INAI pide a Congreso nombrar fiscal anticorrupción
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pidió a los congresos estatales realizar las reformas para implementar el sistema anticorrupción.
Ciudad de México El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) llamó al Congreso de la Unión a nombrar al fiscal anticorrupción y a los congresos estatales a realizar las reformas a los marcos legales para implementar los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA).
En un comunicado, el INAI dijo que finalizar la etapa de aprobación de los marcos normativos de los SLA y las reformas a las leyes complementarias, en todas las entidades federativas que aún no lo han hecho, debe ser prioridad para los congresos locales, a fin de dar un paso firme para la implementación de las normas necesarias para el combate a la corrupción.
Ayer venció el plazo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para que el Congreso de la Unión y congresos locales expidieran las leyes y realizaran las adecuaciones necesarias para la implementación de los sistemas.
Entre los pendientes del Congreso de la Unión está el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción afianzará los procesos de investigación, persecución y sanción de estos delitos, por lo que resulta fundamental su nombramiento.
Igualmente importante es la aprobación de las leyes para implementar los SLA, que permitirán establecer una política de unidad en el combate a la corrupción, desde las entidades federativas, de ahí la importancia de contar con el andamiaje legal para la adecuada operación de los Sistemas Locales.
El combate a la corrupción requiere del trabajo articulado de todas las instancias que integran el Sistema Nacional Anticorrupción: el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y los sistemas locales, destacó el organismo.
El INAI garantizará a los ciudadanos el acceso a toda la información relacionada con actos de corrupción, como lo establece la Ley General de Transparencia.
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