Ley General de Educación Superior requerirá presupuesto público: Romero Hicks

En la Cámara de Diputados probablemente se discutirá esta semana la Minuta del Senado de la República de la Ley General de Educación Superior, sin embargo, plantear derechos sociales y no querer asignar recursos económicos sería hablar de derecho ficción, simular y abonar sólo a la retórica, no a la solución real e integral de los problemas. 

Así lo consideró el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, al recordar que, como senador de la República, hace cuatro años, se firmó una carta intención con la Secretaría de Educación Pública y con la ANUIES para colaborar, discutir y redactar una propuesta legislativa en materia de educación superior, siendo el primer borrador en 2018 y el punto de partida para la elaboración de esta iniciativa. 

En esta semana, las bancadas podrían debatir la aprobación de esta Minuta sobre la premisa de que la educación a mediano y largo plazo rinde frutos, a través de soluciones innovadoras en distintos aspectos de la vida: salud, trabajo, economía, entre otros. 

Aseguró que México tiene la necesidad de contar con una Ley General de Educación Superior por la obsolescencia y limitaciones de la vigente Ley para la Coordinación de la Educación Superior y del mandato constitucional contenido en el Artículo 3º, así como del último párrafo del artículo 119 de la LGE que remite los detalles de financiamiento a la LGES.

Destacó que, de origen, la iniciativa para expedir esta Ley fue construida por diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios, además de contar con la participación de las instituciones de educación superior, de las asociaciones, especialistas y miembros de la comunidad académica.

1. Principales aportaciones de esta Ley General de Educación Superior: 

• Establece un Sistema Nacional de Educación Superior, con espíritu federalista, reconociendo los sistemas locales jurisdicción de las entidades federativas y las autonomías institucionales. 

• Distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno. 

• Establece la obligatoriedad de la educación superior para el Estado. 

• Se insertan mecanismos para que el derecho a la educación sea exigible, justiciable y progresivo. 

• Se establece un sistema de evaluación como punto de partida para ordenar la dispersión existente, rescatando el trabajo de las instancias evaluadoras y acreditadoras existentes. 

• Se reconoce la diversidad de las instituciones de educación superior. ¿Cuáles son los temas relevantes en la ley? 

• Gobernanza. Basada en el federalismo y en la coordinación de los tres órdenes de gobierno. Se respeta la autonomía universitaria y la decisión de las entidades federativas en la materia, estableciendo criterios y parámetros generales. 

• Sistemas locales. Se faculta a las entidades federativas para que sean ellas quienes determinen la planeación y el crecimiento de las instituciones de educación superior (IES) en su jurisdicción, bajo un modelo federalista. 

• Financiamiento. Se crea un fondo especial para atender los mandatos constitucionales de obligatoriedad y gratuidad, al cual tanto la federación como los gobiernos locales deberán asignarle presupuesto de forma anual y sostenida, adicional a los recursos destinados actualmente a educación superior.

• Movilidad. Se sientan las bases para la movilidad estudiantil y del personal académico, tanto nacional como internacional, a fin de promover el intercambio y el enriquecimiento de experiencias. 

• Evaluación y acreditación. A fin de contribuir a aumentar la calidad de la educación, se crea un sistema de evaluación y acreditación.

Avances en el derecho a la educación: 

• Se reconoce la obligación del Estado a brindar este tipo de educación y a llevar a cabo acciones para ampliar la oferta educativa. 

• Se insertan mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad para hacer efectivo el derecho a la educación. 

• Se establecen criterios y fines para orientar la educación superior. 

• Se privilegia el derecho de los estudiantes a recibir educación de excelencia. 

• Se establece un espacio de movilidad nacional, a fin de facilitar que los estudiantes continúen sus estudios y aprendan de los intercambios.

Avances en Autonomía: 

• Se resguardan las garantías constitucionales, reconocidas en la fracción VII del Artículo 3º constitucional, de las universidades autónomas. 

• Se intenta evitar la intromisión, por parte de los congresos locales, en las materias que son facultad y responsabilidad de las universidades autónomas.

 Avances en Gobernanza: 

• Se establece un Sistema Nacional de Educación Superior. 

• Reconocer los sistemas locales de educación superior y facultar a las entidades federativas para organizar a las instituciones de educación superior en sus territorios. 

• Se crea el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior como la instancia coordinadora del sistema nacional. 

• Se crea el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, a fin de deliberar y consultar las decisiones de la comunidad normalista.

• Se tipifican tres subsistemas de educación superior para organizar la participación en las instancias de coordinación. 

• Se reconoce la aportación de las instituciones de educación superior particulares y se avanza en la simplificación de trámites sin arriesgar la calidad de la educación. 

Avances en Financiamiento: 

• Se crea un fondo especial federal con el objetivo de cumplir con los mandatos constitucionales de obligatoriedad y gratuidad. 

• Se estipula que los presupuestos federales y estatales correspondientes deberán asignar recursos a este tipo educativo de forma anual y, que no podrán ser inferiores en términos reales al año anterior. 

• Se salvaguardan las finanzas de las instituciones públicas de educación superior. 

• Se reconoce la existencia de recursos extraordinarios que podrán ser solicitados por las instituciones de educación superior que así lo requieran. 

Avances en Evaluación y Acreditación: 

• Se establece un Sistema de Evaluación y Acreditación. 

• Se reconoce la experiencia de las instancias evaluadoras y acreditadoras.

El Coordinador Parlamentario indicó que la educación superior es un reto que debemos afrontar y debe estar en constante perfeccionamiento, sobre todo en materia de financiamiento. 

“No debemos sujetar el cumplimiento de un derecho a la suficiencia presupuestal. Vivimos tiempos de crisis que nos implican atender prioridades en materia de salud, pero no olvidemos que la educación a mediano y largo plazo rinde frutos, a través de soluciones innovadoras en distintos aspectos de la vida: salud, trabajo, economía, entre otros. Plantear en la legislación derechos sociales y no querer asignar recursos económicos es hablar de derecho ficción, es simular y abonar sólo a la retórica y no a la resolución real de los problemas”, finalizó.