México, más cerca de la criminalización que de la despenalización del aborto

MÉXICO.- En México hace ya 13 años que el aborto se volvió legal en la Ciudad de México y desde entonces al corte del 30 de julio de este año, se han atendido alrededor de 227 mil 686 mujeres para llevar a cabo interrupción legal del embarazo (ILE) en la capital, de las cuales más del 40 por ciento son mayores de edad y alrededor de 6 por ciento accedió a este procedimiento entre los 11 y 18 años, de acuerdo con un reporte de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México (Sedesa).

Sin embargo, un reporte del Instituto Guttmacher estima que más de 54 por ciento de los embarazos no deseados a nivel nacional termina en un aborto y suman aproximadamente un total de 1 millón 26 mil abortos al año, más del triple de los registrados en la Ciudad de México desde que legalizó en el 2007.

De acuerdo con información presentada por el Grupo de Reproducción Elegida (Gire), tan solo en México del 2007 al 2016 se presentaron 4 mil 246 denuncias para procesos penales por el delito de aborto reportados por las fiscalías, además, del 2015 a mayo del 2018 se realizaron mil 486 averiguaciones previas por el delito de aborto.

Las denuncias por aborto se hallan concentradas. La mitad de las 435 averiguaciones previas que recibieron las fiscalías estatales entre enero y agosto de 2020, se ubican en 30 municipios de nueve entidades.

Ecatepec de Morelos, en el Estado de México; Guadalupe, en Nuevo León y Querétaro, Querétaro son las alcaldías de mayor incidencia con 15 casos respectivamente.

Para Rebeca Loera, coordinadora de Incidencia en Política Pública del GIRE, el poco nivel de denuncia representa un pretexto para que las autoridades estatales no cambien las leyes en materia del aborto: “para qué voy a despenalizar, si tampoco se está persiguiendo este delito”, ejemplificó la especialista.

Además, señaló que el aborto debe tratarse desde un espectro más amplio y no sólo desde la materia penal, pues la criminalización social como la persecución de familiares o personal médico que llama a las autoridades de justicia cuando llega una mujer con un aborto en proceso.

Para Arussi Unda, vocera del colectivo Brujas del Mar Veracruz, el tema debe abordarse de desde una perspectiva feminista y reconociendo que es un problema de salud pública.

“Esto es un tema que nos corresponde a nosotras y ni siquiera debería de estar en debate o en discusión, los derechos no se debaten y mucho menos cuando nos atraviesa la violencia” aseguró a MILENIO.

Además, en su mayoría, las mujeres que han accedido al aborto no cuentan con un nivel escolar superior a la preparatoria y más de 50 por ciento al momento de realizarse el procedimiento se encontraban solteras, siendo en su mayoría mujeres originarias de la capital aunque, residentes del Estado de México, Puebla e Hidalgo, son quienes en su mayoría han venido a la capital para realizar el legrado, ya que actualmente no es legal este procedimiento.

Ante la falta de acceso que se ha tenido por décadas a la Interrupción Legal del Embarazo, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que fue celebrado en Argentina en 1990, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, decidió declarar el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto; desde entonces, cada año en el marco de esta fecha se busca visibilizar la lucha de las mujeres por el derecho a decidir sobre su cuerpo.

Tan solo este año con motivo del 28 de septiembre, en el país se realizaron movilizaciones en 23 estados de la República entre ellos Veracruz, Tabasco, Michoacán, Puebla, Durango, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Baja California, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo, Sonora, Guerrero, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Querétaro y Aguascalientes.

Pese a que el aborto ha sido tema de análisis y discusión solo se encuentra despenalizado por voluntad de la mujer en dos estados de la República, Ciudad de México y Oaxaca, de los cuales el segundo apenas logró la legislación el pasado 25 de septiembre de 2019, con 24 votos a favor y 10 en contra.

Aunque, anterior a la legalización del aborto en el estado de Oaxaca, en 2016 se modificó la Norma Oficial Mexicana 046 la cual ahora da acceso a las mujeres en todo el país a la interrupción legal del embarazo, en casos de violación “previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación” y algunos estados cuentan con algunas causales particulares por las cuales el aborto está permitido.

Sin embargo, a pesar del interés de distintos organismos de poner la despenalización del aborto sobre la mesa, la mayoría de estas iniciativas han sido rechazadas, prueba de esto es que el año pasado durante el mes de diciembre, Hidalgo llevó esta iniciativa al Congreso local, pero fue desechada con 15 votos en contra, 10 a favor y 5 abstenciones.

Mientras que en mayo de este año en Guanajuato, el tema se discutió también en Congreso, aunque de igual manera la iniciativa fue desechada, con seis votos a favor y tres en contra para archivar a la despenalización del aborto en la entidad.

El caso más reciente es el de Veracruz, el cual llevó el tema de la despenalización del aborto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en julio pasado, pero igualmente fue desechada con cuatro votos en contra y uno a favor.

Actualmente en la capital, son alrededor de 13 los hospitales, clínicas o centros de salud que operan como lugares que llevan a cabo la interrupción legal del embarazo, y para poder llevarlo es necesario revisar los requisitos, que se encuentran disponibles en el sitio de Internet de Sedesa; aunque además hay algunas clínicas particulares como Marie Stopes o ProFem: clínicas para la mujer, en donde el precio promedio del procedimiento es de 2 mil 969 pesos.

Desde hace ya varios años, grupos y colectivos feministas de distintos estados, han luchado por la despenalización del aborto a nivel nacional con el fin de reducir el número de abortos clandestinos, pero también la mortalidad de mujeres, ya que de acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna en México, el aborto clandestino se encuentra como la cuarta causa de muerte de mujeres embarazadas a nivel nacional.

Pero a pesar de las trabas para lograr la despenalización del aborto dentro del país, así como el número limitado de centros para realizar este procedimiento a nivel nacional, Arussi Unda asegura que las organizaciones feministas siguen en pie de lucha, buscando, a pesar de las circunstancias actuales del país, visibilizar la importancia de la despenalización del aborto, no solamente por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo sino también por la no criminalización de las mujeres que deciden abortar.

EL TOP EN LAS DENUNCIAS

El Estado de México es la demarcación con más denuncias de aborto en el país con 101 carpetas de investigación que corresponden a 1 de cada 4 casos a escala nacional. A esta le siguen Nuevo León con 67 denuncias y la Ciudad de México con 57 casos.

El Estado de México también registra el mayor número de feminicidios y violaciones simples con 97 y 714 casos en los primeros ocho meses del año, respectivamente.

Nuevo León es la segunda entidad con más denuncias por aborto en el país y destacan los municipios de Guadalupe, García y Juárez donde se abrieron 15, 14 y 9 averiguaciones previas, respectivamente. Entre estas tres alcaldías suman 38 casos denunciados que representan 56 por ciento de los casos totales en el estado.

El 22 de mayo pasado el Congreso estatal aprobó reformas al artículo 7º de la Ley de Educación en el cual se establece que la enseñanza impartida por las escuelas públicas o privadas promuevan el respeto a la vida.

En tanto, los ministerios públicos de Ciudad de México reportan 57 denuncias por aborto en lo que va de 2020, a pesar de que está legalizado.

Rebeca Loera, de GIRE, señala que también existen otras causales que permiten a la mujer interrumpir su embarazo en la Ciudad de México, como cuando está en riesgo la salud o la vida, hay alteraciones genéticas o por violaciones sexuales, por lo que cualquier personal que desconozca estas causales puede iniciar una denuncia en la capital del país, por lo que esa cifra puede incluir casos que no deben proceder.

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