Objeción de conciencia puede generar negligencia médica

El 23 de marzo, 53 senadores aprobaron una reforma en medio de una fuerte discusión sobre la adición del concepto “objeción de conciencia” en el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, que permite a médicos y enfermeras del sector público negarse a practicar procedimientos contra sus principios éticos o religiosos, y ya fue enviada al Ejecutivo para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en un máximo de 30 días hábiles.

Ante este panorama, políticos e integrantes de la sociedad civil consideran que se trata de un “grave retroceso”, “ una gran irresponsabilidad” y “una forma de criminalizar” los derechos de acceso a la salud.

Causará problemas

Jesús Alberto Guerrero Rojas, abogado y ex integrante de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, lamentó que la objeción de conciencia se haya convertido en ley porque así el sistema de salud puede ocultar actos de negligencia. “El subirlo y meterlo a la ley va a ocasionar problemas... Los médicos y enfermeras pueden escudarse en ese derecho, cometer alguna negligencia y decir: ‘No la atendí porque va en contra de mis valores o creencias’. Su proceder será subjetivo y eso es muy peligroso”.

Para Guerrero Rojas, los senadores “ni siquiera leyeron la reforma, solo votaron y generaron un conflicto. El director de un hospital o clínica debe tener personal suficiente y, si hay objetores de conciencia, debe colocarlos en otras áreas para garantizar que se dé una atención integral a los pacientes”.

Al respecto, Marta Ferreyra, directora de Promoción de Cultura del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, comentó que “el Estado debe hacer un gran esfuerzo de organización, logístico y técnico a fin de proveer recursos médicos suficientes y profesionales que intervengan en los procedimientos”, y agregó que, “sin duda, vamos a recibir muchas quejas de discriminación”.

Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) analiza promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad.

Rubén Francisco Pérez Sánchez, coordinador general de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la CNDH, explicó en entrevita que para emitir su resolución analizará y escuchará voces cuando sea publicada la norma.

“La Constitución establece que para promover una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN debe hacerse en un plazo de 30 días naturales luego de su publicación”, comentó.

“La CNDH actuará contra la norma ya publicada en caso de que incumpla con los estándares internacionales y el derecho de toda persona que acuda al Sistema Nacional de Salud, en las condiciones que se encuentre, a recibir un servicio en las mejores condiciones y de manera amable y profesional”, agregó.

Opiniones encontradas

Según el gineco-obstetra Juan Carlos Balcázar, en su gremio la mayoría está contra el aborto. “Yo soy católico y estoy certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología, y desde hace 25 años jamás he hecho un legrado ni un aborto, porque éticamente no es correcto”.

De acuerdo con Francisco Salvador López Brito, presidente de la Comisión de Salud en el Senado, la reforma establece que se podrá ejercer la objeción de conciencia, pero “luego, con negritas y muy grande, señala que cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica no podrá invocarse” ese concepto.

López Brito también se dijo “respetuoso de la vida desde el mismo momento de la concepción”.

En contraparte, la senadora independiente Martha Tagle señaló que se trata de una reforma “anacrónica, inquina hacia el Estado laico, transgresora de derechos y cargada de fundamentalismos religiosos”, y refirió que la Secretaría de Salud (Ssa) se opuso a la nueva ley al señalar que el derecho de objeción está plenamente garantizado en la Constitución.

“Yo no sé para qué tienen secretarías que emiten opiniones, cuando ustedes mismos no las toman en cuenta. La opinión de la Ssa es en contra”, subrayó tras reprochar “a los moralistas” que aprueban a ciegas.

En tanto, José Narro Robles, secretario de Salud, aseguró: “Hemos y seguiremos siendo respetuosos de lo que el Congreso aprueba. Hemos conocido esa modificación a la ley, en su momento dimos claramente nuestra opinión, ya está aprobada y nos corresponde elaborar lineamientos y cumplir con lo que establece la ley... Sobre objetores de conciencia no hay un censo”.