Planean reformar ley en contra de 'factureros'

MÉXICO.- La Cámara de Diputados discutirá mañana en sesión ordinaria las reformas a cinco ordenamientos para perseguir y castigar a los operadores de las redes criminales integradas por más de 9 mil empresas fantasmas creadas ex profeso para la facturación de operaciones simuladas.

De acuerdo con las más recientes cifras del SAT, la facturación apócrifa, que será tipificada como crimen organizado, creció 21 veces en los últimos cuatro años, en los que se han identificado cerca de 10 mil empresas que emitieron nueve millones de operaciones simuladas, las cuales sumaron 1.6 billones de pesos.

Al respecto, el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, ha dicho que el ilícito provoca que el erario deje de percibir 750 mil millones de pesos al año. El dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, establece que se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa las llamadas empresas fantasma y las facturas falsas, considerando que éste sea un delito similar al contrabando y su equiparable.

En éste se señala como delito “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.

También prevé las mismas sanciones al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Las modificaciones a la Ley Federal de Delincuencia Organizada tipifican y equiparan la defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada con la delincuencia organizada cuando el monto de lo defraudado supere los 7 millones 804 mil 230 pesos.

Además, en la Ley General de Seguridad Nacional se adiciona la fracción XII al artículo 5 para que los actos ilícitos contra el fisco federal, es decir, defraudación fiscal, se consideren como amenaza a la seguridad nacional.

cog