AMLO insiste a Israel sobre extradición de Tomás Zerón por caso Ayotzinapa
El presidente cuestionó a Israel porque es un gobierno que está obligado a no permitir la tortura.
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Israel la extradición de Tomás Zerón por su presunta responsabilidad en el delito de tortura durante la investigación del caso Ayotzinapa.
“Aprovecho para pedirle al primer ministro de Israel que ya se cumpla con el compromiso de que lo van a extraditar, es el señor Tomás Zerón, que está demostrado que participó en la fabricación de delito. Usaron tortura porque antes había tortura en México, antes de que nosotros gobernáramos había masacres, la consigna era mátalos en caliente”, declaró el mandatario.
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En la conferencia mañanera, el mandatario cuestionó a Israel porque es un gobierno que está obligado a no permitir la tortura.
“Si hay un gobierno que está obligado a no permitir la tortura, a respetar los derechos humanos, a actuar con humanismo, es el gobierno de Israel. Yo espero que pronto ya se tenga información sobre eso”, agregó.
En septiembre de 2020 se confirmó que Zerón había huido a Israel luego de que supiera que había una orden de captura en su contra. México no tiene tratado de extradición con ese país.
Es señalado por haber torturado a Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, presunto sicario de Guerreros Unidos, para construir la narrativa de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron secuestrados, asesinados, incinerados en el basurero de Cocula y sus restos esparcidos en el Río San Juan, en Guerrero, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.
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Tomás Zerón suma nueva carpeta de investigación de FGR por caso Pegasus
La Fiscalía General de la República (FGR) judicializó una nueva carpeta de investigación contra el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, y tres ex funcionarios de primer nivel, a quienes imputa delitos por su presunta responsabilidad en la contratación y adquisición del sistema de espionaje Pegasus.
De acuerdo con la dependencia, en el contrato realizado en 2014, supuestamente participaron ex funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), como la ex Oficial Mayor, Judith Aracely Gómez Molano; el ex titular de la Policía Federal Ministerial, Vidal Diazleal Ochoa, y el ex director de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), Rigoberto García Campos.
Los delitos imputados son peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa.
El monto de la operación, informó la FGR, fue de 460 millones de pesos, por un sistema que no lo tiene esta nueva administración y “que nunca lo ha usado la Fiscalía General de la República, y que fue adquirido ilícitamente”.
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