Padres de los 43 de Ayotzinapa piden liberación de ex alcalde de Iguala y su esposa
Celso García Aristeo, padre del estudiante Abel García, demandó “no fabricar responsables”.
Algunos padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa e integrantes de la familia Abarca-Pineda marcharon por las calles de Iguala, Guerrero, para exigir la liberación de los ex alcaldes municipales, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda.
La movilización partió desde el Centro Joyero hasta la plaza Galerías, del municipio guerrerense.
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Al grito de “Abarca inocente”, Celso García Aristeo, padre del estudiante Abel García, demandó “no fabricar responsables”, al tiempo que exigieron la detención y castigo de los “responsables de la verdad histórica”: Jesús Murillo Karam y Tomas Zerón de Lucio.
Informe sobre caso Ayotzinapa no es igual a verdad histórica: Segob
El informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa no es lo mismo que la llamada verdad histórica, informó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, como indicaron algunas críticas tras su presentación.
El funcionario federal acusó que la llamada verdad histórica del caso Ayotzinapa está basada en testimonios obtenidos bajo tortura, fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen, contrario a lo que se realizó en los últimos dos años de investigación por el actual gobierno.
"Hay una diferencia sustancial y de fondo, que la verdad histórica se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, en la fabricación de pruebas y la manipulación la escena de crimen, nosotros no torturamos absolutamente a nadie", dijo en La Mañanera desde Palacio Nacional.
El informe de la Comisión de la Verdad se sustenta en el análisis de llamadas telefónicas entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, que interceptó la DEA en Estados Unidos, dijo el subsecretario.
Asimismo, destacó que se investigaron llamadas de la empresa Proyectos y Diseños VME S.A. de C.V, que durante el gobierno anterior dio servicio con el programa Pegasus a dependencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además de que se analizaron 190 horas de videos de sobrevuelos en Cocula.
No obstante, reconoció que el informe tiene contenido político, al reafirmar que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, además de que esclarecer el caso es una responsabilidad del gobierno.
"También hay un contenido político, pues, esclarecer un crimen y más un crimen de Estado, además de que es una responsabilidad del gobierno, es un asunto que hemos encarado con convicción y con voluntad política para ir al fondo de los hechos", resaltó.
Sostuvo que autoridades del más alto rango diseñaron la llamada “verdad histórica” durante reuniones realizadas en Presidencia, argumentando que “desde el más alto nivel del gobierno en el país se ocultó hechos, se alteró escenas del crimen, se escondió los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y su participación con agentes del estado generando, no solamente vicios, sino deficiencias que obstaculizaron el acceso al derecho”.
“Cuando señalamos que la verdad histórica se diseñó en los más altos niveles del gobierno federal, involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la presidencia de la República en la discusión de estos temas”, comentó.
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