Qué dice la última carta enviada por AMLO a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa
El gobierno de López Obrador está cerca de terminar y dio a conocer la última carta que le enviará a los padres de los 43 sobre los avances del caso y las complicaciones que se encontraron en la investigación.
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En el gobierno de AMLO no hubo avances significativos en el caso Iguala / Telediario.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló la última carta que le envió a los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, quienes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de hace 10 años. En ella, reconoció que el caso no avanzó como lo prometió, pues todavía no se sabe del paradero de los jóvenes.
En su conferencia Mañanera en el marco del décimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, el presidente López Obrador se dirigió a los padres, a quienes les reconoció que, desde el inicio de su gobierno, se propuso a esclarecer lo ocurrido en Iguala, encontrar a los estudiantes y castigar a los responsables.
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Para ello, recordó, asignó a su entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, quien estableció relaciones con los abogados de los padres de los 43, así como con organizaciones de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales.
Tras arrancar el gobierno del tabasqueño, su administración logró avanzar con el caso: Gildardo López Astudillo, miembro del grupo delictivo de Guerreros Unidos, aceptó ser testigo protegido y colaborar en calidad de testigo protegido, dando información que permitió identificar los restos de dos estudiantes.
¿Por qué no se pudo seguir avanzando en el caso Iguala, según AMLO?
Falta de cooperación de testigos
El Presidente de México detalló que la investigación del caso Iguala no pudo avanzar debido a que el presunto miembro encarcelado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Abigael González Valencia, El Cuini, no ha querido cooperar con las autoridades.
El Cuini, según el gobierno actual, tiene contacto con otros integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales de Iguala y Colula, así como con otras autoridades locales que saben de lo ocurrido o participaron en la desaparición de los 43 jóvenes.
“Aquí conviene recordar que desde el principio de estos lamentables hechos se cometieron, consciente o inconscientemente, una serie de errores y omisiones que han complicado el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala y conocer el paradero de los jóvenes”.
La verdad histórica y sus fallos en la investigación
El gobierno del tabasqueño recordó que la administración pasada, encabezada por Enrique Peña Nieto, trató de cerrar el caso con la llamada “verdad histórica”, en la que se concluyó que los 43 habían sido asesinados y quemados en el basurero de Colula, Guerrero, por integrantes de Guerreros Unidos, quienes recibieron la complicidad de autoridades locales.
“Esta versión fue sostenida por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y por Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal. Dicha conclusión fue parcialmente descalificada, en particular lo relativo a la incineración de los jóvenes en ese sitio, pues, como fue probado por peritos en la materia, resultó completamente falsa”.
Liberación de 65 detenidos por el caso Ayotzinapa
Sumado al escenario anterior, algunas organizaciones de derechos humanos, en compañía de algunos abogados defensores de la causa y representantes de los padres de los jóvenes desaparecidos, lograron la liberación de 65 detenidos por el caso, debido a que presuntamente fueron torturados, pese a que la mayoría participó en la desaparición de los jóvenes.
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“Extrañamente los encargados de la Fiscalía Especial, ministerios públicos y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en vez de celebrar la decisión que tomamos de solicitar órdenes de aprehensión contra el procurador y miembros del Ejército, se opusieron rotundamente a dicha medida, hasta el punto que el Fiscal Especial renunció y la mayoría de los miembros de la Comisión de la OEA se retiraron”.
La supuesta desinformación de Anabel Hernández en el caso Iguala
El gobierno de López Obrador destacó que, con el paso del tiempo, se empezó a manejar la versión de que los responsables de la desaparición de los 43 fueron miembros del Ejército.
Esta hipótesis fue impulsada, entre otros, por la periodista Anabel Hernández, autora del libro La verdadera noche de Iguala, en el que afirmó “sin ninguna prueba” que los estudiantes fueron secuestrados tras viajar —sin saberlo— en autobuses que transportaban 2 millones de dólares en heroína, perteneciente a un capo con importantes operaciones en Guerrero.
De acuerdo con la versión de Anabel Hernández, si el capo perdía esa cantidad de droga su liderazgo en la plaza hubiera peligrado. No podía permitirse el robo, aunque los jóvenes no quisieran hacerse con la droga.
Dicho capo, se lee en el libro, era un colaborador de Arturo Beltrán Leyva, con quien traficaba drogas a Estados Unidos. En 2009, tras la detención de su socio, decidió seguir con sus operaciones en Guerrero, donde tenía en su nómina a militares del 27 y 41 Batallones de Infantería, así como policías de varios niveles y autoridades municipales.
Gracias a sus conexiones en el Ejército, el capo se comunicó con el coronel de infantería José Rodríguez Pérez, a quien le ordenó que se recuperara la heroína, misma que fue descubierta por los jóvenes en los autobuses. Los militares, entonces, decidieron desaparecerlos para no dejar testigos.
“Quien encabezó la operación para rescatar la droga fue el mismo Ejército’, señaló la fuente de información enterada de los hechos (...). Dejaron todo en manos de los militares. El mismo personaje desconocería el paradero final de los normalistas, pero alguien le informó que supuestamente habían llevado al menos a un grupo de estudiantes a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería”, se lee en el libro de Anabel Hernández.
El capo, según el libro, aseguró que su intención no era que se asesinara a “tanto cabrón”. Pese a su presunta relación en el caso, nunca se le vinculó al caso.
Anabel comentó que, según la DEA, Guerrero era una plaza controlada por el Cártel de los Beltrán Leyva, compitiendo con una pequeña presencia del Cártel de Sinaloa. Ni los Guerreros Unidos, ni los Rojos tenían grandes operaciones en el estado y, pese a ello, la investigación de la entonces PGR se centró en ambas células criminales.
El gobierno de López Obrador señaló a Anabel Hernández de usar información de la DEA, falsa o verdadera, y de participar como testigo para defender la solicitud de asilo del juez municipal, Ulises Bernabé, quien aseguró que los jóvenes nunca fueron llevados a la comandancia de Iguala, lo que se opone a testimonios que afirman lo contrario.
“Es decir, que policías de Iguala los sacaron en patrullas de esas instalaciones hacia lugares desconocidos”, afirmó la administración federal.
La versión de Anabel Hernández fue respaldada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos: “resulta inverosímil que un departamento de policía municipal tenga la influencia política y los recursos necesarios para organizar un intrincado encubrimiento y la desaparición de 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más plausible que el gobierno federal mexicano y la Policía Federal fueran los responsables de este horrible incidente”.
Gobierno de AMLO rechaza que el Ejército esté detrás de la desaparición de los 43
La carta enviada por López Obrador destacó que “no existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes”. Además, destacó que su gobierno actuó en contra de los militares que cometieron delitos de vinculación con la delincuencia organizada o de omisión, al no haber actuado para evitar los actos de violencia contra los 43.
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“Cabe señalar que en toda la investigación realizada hemos contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuyos mandos y oficiales han coincidido conmigo en que la violación de derechos humanos y la impunidad no pueden tolerarse en ninguna circunstancia; porque, entre otras razones, los actos ilegales cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas no pueden manchar el prestigio de una institución creada para la defensa nacional”.
¿Cuáles son los avances en el caso Iguala con AMLO?
El gobierno de López Obrador destacó que por la desaparición de los 43 normalistas se procesaron 151 personas, de las cuales 134 son civiles, 16 militares, incluidos dos generales y un elemento de la Marina. Además, se encuentra pendiente de ejecutar tres órdenes de aprehensión más en contra de militares.
“Destaco que en nuestro sexenio el número de encarcelados se incrementó de 59 a 120 personas. Con todo, lo más importante ha sido la búsqueda de los jóvenes, tarea a la que he dado mucha atención”.
Las investigaciones siguen y el gobierno federal ofreció recompensas y continuó con las búsquedas en campo: se exploraron 858 sitios, con la participación de 270 personas de las distintas instituciones y con el equipo tecnológico más apropiado.
“Les expreso que hasta el último momento de mi gobierno continuaremos buscando a los jóvenes. Y considero que este vergonzoso y lamentable asunto no debe cerrase nunca; es un expediente abierto y, si nosotros no podemos esclarecerlo, deseo de todo corazón que lo logre la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo”.
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