Extorsión y tráfico de fentanilo ameritarán prisión preventiva: Senado aprueba reforma
Pese a los alegatos de oposición, que aseguró que la reforma vulnera los derechos humanos, Morena y sus aliados aprobaron que nuevos delitos se agreguen al catálogo de prisión preventiva oficiosa.
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El Senado aprobó la reforma durante esta madrugada y se actualizó el catálogo de delitos con prisión preventiva / Telediario.
La mayoría del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sus aliados y siete senadores del Partido Acción Nacional (PAN) aprobaron la reforma al artículo 19 a la Constitución, ampliando así el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como la extorsión o el tráfico de drogas sintéticas.
Con el voto a favor de 94 legisladores, incluyendo el de la coordinadora del PAN, Guadalupe Murguía y los ex gobernadores Miguel Márquez y Mauricio Vila, la reforma fue aprobada. En contra se quedaron 34 votos tras las seis horas de discusión en lo general.
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La reforma aprobada en el Senado incorpora a los siguientes delitos al catálogo de prisión preventiva oficiosa:
- Extorsión
- Ilegal introducción, desvío, producción, enajenación, adquisición, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos, drogas sintéticas, fentanilo y derivados.
¿Cómo fue la discusión en el Senado para ampliar el catálogo de prisión preventiva?
La oposición argumentó que la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva es violatoria de los derechos humanos.
En la presentación del dictamen, el senador de Morena, Óscar Cantón Zetina, presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, rechazó que esta reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución vulnere los derechos humanos y sostuvo que el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa representa el 11 por ciento de los delitos que se cometen en el país.
Añadió que el dictamen se sustenta en los principios de que la justicia prevalecerá, las victimas serán protegidas y el crimen no tendrá refugio en la nación, por lo que pidió apoyar el dictamen que “cierra las puertas al abuso y la impunidad”.
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El presidente de la comisión de Estudios Legislativos, el morenista Enrique Inzunza, señaló que con esta reforma se pondrá un alto a la impunidad por un delito como la extorsión, pues consideró que es vital garantizar que se enfoque en el objetivo toral que es desmantelar las redes de extorsionadores.
La senadora del PRI, Claudia Anaya, quien presentó la solitud de moción suspensiva (que fue rechazada por el pleno) advirtió que esta reforma corre el riesgo de la literalidad en los delitos que se contemplan.
El ex secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, que presentó el posicionamiento en contra del PAN, dijo que la prisión preventiva oficiosa daña la dignidad y la integridad de las personas, porque le otorga al Estado la facultad de incriminar a los ciudadanos, además de que es “un resabio del viejo sistema penal inquisitorio”.
El panista Ricardo Anaya sostuvo que la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideran que esta reforma es violatoria de los derechos humanos. La reforma “no sólo es violatoria de derechos humanos, es injusta e ineficaz”.
La legisladora priista, Carolina Viggiano, dijo que incluir en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa no garantiza que se frene la extorsión, porque hasta desde los centros penitenciarios se comete ese ilícito y lo único que esta reforma provocará será que haya más gente en prisión aun sin sentencia.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, manifestó que su bancada está abiertamente en contra pues esta reforma elimina la presunción de inocencia, además de que fomenta el autoritarismo y la represión que envía a prisión a las personas señaladas, sin haber sido juzgadas.
“No mejora el sistema de justicia, lo debilita porque el uso indiscriminado de la prisión preventiva obstaculiza la evaluación individualizada y desincentiva a las Fiscalías a que realicen investigaciones exhaustivas y sólidas”.
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