Juicio de García Luna llega a su fin en Nueva York

La suerte de Genaro García Luna, quedó en manos de un jurado de Nueva York.

Después de un proceso largo de cuatro semanas, las deliberaciones para definir si el acusado ayudó o no al cartel de Sinaloa a traficar toneladas de droga a los Estados Unidos comenzarán este jueves en el tribunal de Brooklyn.

En los alegatos finales, fiscalía y defensa han presentado dos caras opuestas del funcionario mexicano de mayor rango que se sienta en el banquillo de la justicia en Estados Unidos.

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"Resulta chocante que mientras se reunía con (el expresidente estadounidense) Barack Obama estaba trabajando con el cartel de Sinaloa", dijo el miércoles una de las fiscales, Erin Reid.

Para el Ministerio Público quedó claro que, tras el desfile de 26 testigos por el tribunal, el acusado -secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y arquitecto de la guerra contra el narcotráfico que ha dejado más de 340.000 muertos desde 2006- incurrió en corrupción "al máximo nivel" más allá de la "duda razonable".

Nueve de los testigos que desfilaron por el juicio durante cuatro semanas -la mitad del tiempo inicialmente previsto - son prominentes narcotraficantes mexicanos extraditados a Estados Unidos que colaboran con la justicia estadounidense, a cambio de reducir sus penas.

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"No les pido que les caigan bien, han hecho cosas horribles, son criminales, pero hay que conocerlos", dijo la fiscal Sarith Komatireddy a lo largo de cuatro horas de alegatos.

Sin la colaboración al "más alto nivel del gobierno mexicano", la "operación multimillonaria" del cartel, que se sirvió de trenes, aviones, barcos, contenedores o submarinos para importar toneladas de droga de Sudamérica a través de aeropuertos, puertos o carreteras con destino final a Estados Unidos, "hubiera sido imposible de llevar a cabo", estimó la fiscal.

García Luna "fue su socio criminal" y por ello "recibió millones de dólares", concluyó antes de pedir al jurado que "hagan uso de su sentido común" y lo "declaren culpable".

270 millones de dólares en sobornos

Varios de los testigos, antiguos miembros prominentes del cartel de Sinaloa, como Jesús "Rey" Zambada, Sergio Villarreal "El Grande" u Óscar "Lobo" Valencia, aseguraron durante el juicio que habían pagado millones de dólares al acusado, como también lo habría hecho Arturo Beltrán Leyva, que hacía una colecta para recaudar dinero de las diferentes facciones para pagar mensualmente al poderoso "super policía" a cambio de protección.

Sumadas las cifras que se mencionaron en el juicio, son "270 millones de dólares" que García Luna habría recibido en sobornos, dijo el abogado de la defensa, César de Castro, que preguntó dónde está ese dinero.

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"No hay pruebas de que recibió dinero y no hay pruebas de que en el caso de que lo recibiera lo compartiera" con los subordinados que participaron en el esquema corrupto, aseguró. Y puso en duda la credibilidad de los testigos, que cayeron a menudo en contradicciones, y que considera las víctimas de la guerra contra el narcotráfico que libró el gobierno de Calderón.

"Falta de pruebas no es una evidencia: lo tienen que probar, nosotros no tenemos que demostrarlo", le dijo al jurado, tras recordarles que "no han encontrado un solo documento, grabación o foto que pueda corroborarlo".

García Luna, un ingeniero mecánico de 54 años, rehusó declarar en el juicio. En su lugar lo hizo su esposa Cristina Pereyra para explicar su patrimonio, que cuenta con dos viviendas, dos restaurantes, dos motos, dos autos y "un bonito acuario", como lo definió la defensa, en su casa de la capital mexicana, lejos de las extravagancias de otros narcos.

La defensa intenta retirar uno de los cinco cargos de los que es acusado: participar en una empresa criminal continuada, pues alegan que concluyó sus funciones como secretario de Seguridad Pública en 2012 y se instaló en Florida con su familia, donde ha vivido hasta su detención en diciembre de 2019 en Dallas (Texas). La fiscalía se opone.

Si es hallado culpable, García Luna enfrenta una pena de entre 10 años y cadena perpetua.

El gobierno de México, que ha pedido a Estados Unidos su extradición, también reclama 700 millones de dólares presuntamente malversados por el exsecretario.

jvl