Salida del fiscal debilita causa contra Murillo y retrasa todo: GIEI
El organismo acusa al “entorno” de Gertz de “despojar” a Gómez Trejo del caso y echar atrás de tres a cinco años la investigación; teme “cacería de brujas”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) advirtió del riesgo de que el ex procurador Jesús Murillo Karam no sea condenado por su participación en la llamada "verdad histórica", porque al consignar su expediente ante el juez se dejaron fuera pruebas en su contra, y advirtió que la salida del fiscal del caso puede retrasar la resolución de este hasta cinco años.
En conferencia de prensa, Ángela Buitrago, Francisco Cox, Claudia Paz y Carlos Beristain expusieron que áreas afines al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, “despojaron” de la indagatoria a la Unidad de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (Uilca), lo que puede poner en riesgo la acusación contra Murillo Karam.
“La salida de un fiscal que conoce un caso, de los fiscales que conocen los casos, atrasan entre tres y cinco años el mismo periodo en que se demoró en conocer el expediente, la investigación.
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“Hay que tener mucho cuidado porque precisamente la pérdida de este conocimiento de los fiscales hace inclusive que se dejen por fuera, como sucedió en la imputación de Murillo Karam, elementos probatorios muy fuertes”, apuntó Angela Buitrago.
El GIEI también expuso que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó al Ejército abrir sus archivos del caso Ayotzinapa y obtuvieron así “partes de textos de documentos transcritos por los sistemas de inteligencia de los batallones 27, de la 35 Zona Militar, del Batallón 41, 50 y de la región central México DN-1, que pertenecía a la Secretaría de la Defensa (Nacional)”.
De esta manera, se pudo comprobar que había un seguimiento permanente a las actividades de los normalistas y se conocieron en tiempo real los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Asimismo, revelaron la existencia de un centro de inteligencia militar.
Por otra parte, el grupo reconoció el trabajo hecho por la Unidad de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, en la cual, destacaron los expertos, no se llevó a cabo ni un acto de tortura, a diferencia de la indagatoria de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
También aseguró que hay avances en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia encabezada por el subsecretario Alejandro Encinas, quien estuvo en la conferencia.
El GIEI señaló que cuenta con una versión distinta de los llamados “chats de Chicago” que intercambiaron integrantes de Guerreros Unidos, sobre lo ocurrido en Iguala el 26 de septiembre de 2014, a la presentada por el órgano encabezado por Encinas, por lo que, a un día de terminar su mandato, el grupo solicitó una prórroga de un mes para verificar la veracidad de los chats.
Ángela Buitrago mencionó que el grupo tuvo conocimiento de los mensajes de la comisión hasta el 23 de septiembre, motivo por el cual solicitó la intervención de un perito, ya que estos difieren con los que ellos tienen sobre las intercepciones de comunicaciones con delincuentes en Chicago.
“Desde este punto de vista, el análisis del GIEI y las fotografías de la captura de pantalla presentadas en el informe de la Comisión muestran dos modos diferentes en la comunicación, en la terminología y en las claves; analizáremos la información”, comentó Buitrago.
El GIEI también advirtió que la Fiscalía General de la República inició auditorías a la unidad de investigación que dirigía Omar Gómez Trejo, por lo que teme que se trate de una “cacería de brujas”.
Además, Francisco Cox detalló que ven con preocupación las auditorías iniciadas “solo después de la solicitud de las 83 órdenes de aprehensión”, por lo que “espera que no se trate de instrumentos de intimidación o persecución de la unidad especializada y del equipo que trabajó para la formalización y recopilación de evidencia para esclarecer el hecho” de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Quizás el hecho más grave de intervención o intromisión en las funciones de la unidad especializada se observa cuando se solicita la cancelación de las 83 órdenes de aprehensión”, expresó.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, señaló que no se siente presionado ni acosado por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) ni por la FGR.
“Nadie me ha presionado, al menos abiertamente; si alguien quisiera hacerlo, que me lo diga”, dijo.
Al finalizar la conferencia de prensa del GIEI, fue cuestionado sobre la denuncia que interpondrá en su contra la defensa de los militares vinculados a proceso por el caso Ayotzinapa, a lo que respondió que “se están tardando”.
“Que ya la hagan pronto, ya llevan como tres semanas diciendo lo mismo. Los abogados de los militares están muy despistados”, sentenció.
Finalmente, Encinas respaldó el trabajo de Gómez Trejo, pues “ha hecho una gran labor y aportación en la investigación (...) no tiene absolutamente nada de qué señalársele”.
Sobre la titularidad de la unidad que dirigía Gómez Trejo, confió en que la FGR “designe a una persona adecuada, porque debe seguir con sus funciones”.
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