Uno de cada 2 paisanos en EU son deudores alimenticios; suman más de 15 millones

A las tres semanas de que Lucero Calderón diera a luz a su hijo, Carlos Tamez, su pareja sentimental y padre del bebé, simplemente puso los pies en polvorosa. “Dijo que no podía con lo que estaba pasando en su vida y que quería reconfigurarla”, recuerda la hoy madre.

Ella se enfrentó de un momento a otro con todas las violencias emocionales y económicas que puede tener una recién parida: la pérdida del novio con quien había planeado una vida en común, la gestación de un ser humano, la renta del departamento, la depresión postparto, la muerte de su padre y las necesidades inmediatas del bebé.

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Luego de varios años, Lucero tomó el valor de demandar al padre de su hijo, quien ya vivía en Estados Unidos, ganando en dólares.

La oficina de Derechos de la Familia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la está guiando en el proceso legal para obtener una pensión alimenticia, aunque tiene pocas esperanzas de conseguirla porque el señor Tamez no ha acudido a las audiencias e interpuso una contrademanda. También por el exceso de burocracia y la falta de mecanismos internacionales para agilizar los trámites.

De acuerdo con estadísticas proporcionadas por la cancillería, unos 15 millones de paisanos que viven en Estados Unidos incumplen con la obligación de proporcionar una pensión alimenticia a los hijos que dejaron en México. Una de cada dos familias de migrantes está en esa condición.

Aun así, la mayoría de las madres no denuncian. El estudio Derechos de familia: pensiones alimenticias consigna que mil 485 mexicanos radicados en 25 estados de la Unión Americana enfrentan una demanda legal para que destinen parte de sus ingresos para mantener a su familia.

La mayoría de estos paisanos están en los siguientes estados:

California (713)

Texas (275)

Illinois (107)

Arizona (64)

Nueva York (61)

Los datos de la SRE también indican que otros 86 mexicanos que viven en 19 países tienen abierto un proceso legal para que cumplan con la obligación de entregar pensión alimenticia.

El grueso de ellos está en los siguientes países:

España (23)

Francia (11)

Reino Unido (8)

Argentina (7)

Chile (7)

Otras madres han sido abandonadas en el extranjero, sin que los padres mexicanos les asignen recursos para ayudar en la crianza de sus hijos.

La cancillería reporta 110 demandas provenientes de Estados Unidos, la mayoría radicadas en los siguientes estados:

California (20)

Nueva York (19)

Filadelfia (16)

Arizona (9)

Distrito de Columbia (7)

Las 69 denuncias por incumplimiento de pensión alimenticia originadas desde otros países extranjeros fueron presentadas principalmente desde

Colombia (10)

Países Bajos (9)

Argentina (8)

Chile (7)

Austria (6)

España (6)

Noemí Hernández, coordinadora de Derechos de la Familia de la cancillería, asegura en entrevista con MILENIO que, “por desgracia, las estadísticas señalan que en una de cada dos familias de migrantes hay chicos abandonados por los padres que no se ocupan de darles casa, comida, abrigo y cariño: si tenemos más de 30 millones de mexicanos en Estados Unidos, podemos calcular ese número”.

El calvario de Lucero

Después de varias discusiones y exigencias, Carlos Tamez, un alto ejecutivo con salario privilegiado, accedió a darle a Lucero Calderón cinco mil pesos mensuales, como una especie de caridad, “de buena onda”, a sabiendas de que una renta discreta en la Ciudad de México vale el doble de eso y que una canasta de alimentos para dos personas puede llevarse la mitad de esa cantidad.

“Me di cuenta de que él en ese tiempo llegaba a facturar dos millones de pesos anuales”, recuerda ella, también profesionista, aunque con un salario mucho menor.

Durante varios años Calderón tuvo miedo de exigir formalmente una pensión alimenticia porque temía que le quitara lo poco con lo que contribuía, tal y como ocurrió cuando ella no pudo más y lo demandó.

Fue después de la pandemia: él se quedó sin trabajo y, como ciudadano estadunidense, apostó por cruzar la frontera. Allá se instaló y consiguió trabajo en dólares, pero el dinero para su hijo siguió siendo el mismo, amén de que nunca lo visitaba. Pero un día pidió verlo. Y Lucero aprovechó para darle la notificación de demanda.

“Entonces él desapareció”, sostiene la demandante, y así inició el calvario burocrático en el que se encuentra hasta la fecha.

Él no se ha presentado a las audiencias, la contrademandó, dejó de estar en contacto y sus redes sociales pasaron a ser privadas. MILENIO lo buscó para su versión, pero no respondió a solicitudes de contacto.

Impotente por la incomunicación, Lucero Calderón mandó una valija diplomática, pero los documentos se perdieron. En cancillería le dijeron que ese no era el procedimiento y le dieron una charla para guiarla. Ella siguió las instrucciones al pie de la letra, pero en algún momento cayó en la desilusión, cuando la persona que la asesoraba se sinceró y le dijo que era posible que su caso no prosperara:

“La verdad es que entre México y Estados Unidos no hay un convenio que los obligue, sino que es un proceso de buena fe o amistad entre dos países”.

Baja probabilidad de éxito

Las posibilidades de éxito para que cumplan con sus obligaciones son de alrededor del 50 por ciento, según los mismos datos de la cancillería. Y eso es el mejor de los casos; en la mayoría, las madres no demandan y se las apañan solas.

De acuerdo con los testimonios compilados por MILENIO, las razones por las cuales ellas no proceden judicialmente son tres:

Una es la falta de conocimiento de parte de las víctimas sobre cómo demandar una pensión alimenticia internacional; otra, la desidia del Estado mexicano para no firmar la Convención de la Haya de 2007 sobre el Cobro Internacional de Alimentos para Niños y otros Miembros de la Familia que haría más fácil el proceso, y tres, la cereza del pastel: la normalización del delito debido a la impunidad.

En la SRE están conscientes de que los convenios que tiene México firmados –el Programa Recíproco para el Cobro de Pensiones Alimenticias México-Estados Unidos y las Convenciones de 1956 y de Montevideo de 1989 de la ONU– son limitadas e insuficientes y por ello esperan voluntad institucional en México para dar un paso adelante.

“Que México firme la Convención de La Haya de 2007 sobre el Cobro Internacional de Alimentos para Niños y otros Miembros de la Familia”, precisa Noemí Hernández, “ese es mi sueño”.

¿Por qué? La funcionaria para los Derechos de la Familia de Relaciones Exteriores detalla que, principalmente porque Estados Unidos y otros países son parte y están comprometidos a hacer los procedimientos más ágiles y sencillos. Ahora algunos estados de la Unión Americana se niegan a colaborar con el argumento de que México no es parte de ese convenio. Estos son:

Florida

Ohio

Alabama

Colorado

Iowa

Pennsylvania

Virginia

Nebraska

“En reciprocidad, nosotros no colaboramos con ellos”, dice.

Para lograr esta incorporación al convenio de La Haya hace falta que lo aprueben varias instituciones, entre ellas, el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF); la Secretaría de Gobernación; las procuradurías especializadas de los derechos de la infancia en cada uno de los estados, que serían las receptoras y encargadas de dar seguimiento a las demandas de pensión alimenticia en lugar de que el proceso iniciara con el apoyo de Cancillería.

Una vez que todas las instancias estén de acuerdo, pasaría al Senado para su aprobación. Un camino largo, reconoce la funcionaria Hernández, “pero somos optimistas”.

¿Cómo obligar a cumplir?

Mientras los cambios llegan, hay que seguir un procedimiento para obligar a los padres a asumir su responsabilidad. Si se es de nacionalidad mexicana, hay que acudir a las oficinas donde expiden los pasaportes (en el caso de los estados) o las oficinas centrales de la SRE en la Ciudad de México o en las sedes consulares.

En todos los casos, con el acta de nacimiento del niño, acta de matrimonio si es el caso, fotografías del beneficiario y el deudor, comprobantes de gastos y cálculo del adeudo y resolución judicial si es que la hubo. Si el hijo es de padre mexicano radicado en otro país, cada país tiene sus políticas. En el caso de Estados Unidos la petición se hace a través de las oficinas locales de Child Support.

Aparentemente es sencillo, pero cualquier falla puede posponer meses o hasta años el proceso. “Lo principal es asegurar todo el tiempo que la documentación esté completa”, advierte Vanessa Calva, directora general de protección consular. “El margen que se puede tener para obviar la documentación es nulo”.

“Es una labor titánica”, opina Noemí Hernández

El principal problema es localizar a los deudores y aunque el problema es el mismo –los niños necesitan comida–, en el plano judicial es distinto en cada caso porque mientras para algunos el juez, en México u otro país, ya dictó sentencia, en otros hay que empezar de cero y ver los requisitos que se pide en cada lugar.

En algunos estados de la Unión Americana, por ejemplo, si los padres no estuvieron casados se exige una prueba de ADN, no es suficiente con el acta de nacimiento. En algunos casos hay que traducir los documentos a idiomas menos comunes y no encuentran peritos traductores. Y como esas, hay particularidades infinitas, según la historia de quienes reclamen.

En todo este embrollo, el trabajo de la Cancillería es el de apoyar y orientar, no resuelve cuándo, cómo y dónde pagar para la manutención de un menor porque eso corresponde a los respectivos tribunales donde se presenta la demanda y estos dejan a las madres solicitantes el deber de buscar al deudor.

“Es muy frustrante pelear por la pensión alimenticia”, destaca Lucero Calderón, quien ha gastado 100 mil pesos en ello porque ha tenido que contratar abogados ante el proceso “confuso” y “complicado”. No le da la vida con la jerga legal mientras trabaja para llevar sola la responsabilidad de un hijo de dos años.

Algunos padres regresan

Mardonio aún recuerda que casi todos los días comía galletas de animalitos con té de guayaba. Su madre y sus dos pequeños hermanos conseguían pocos alimentos desde que su padre se aventuró a cruzar la frontera con Estados Unidos. Los años pasaron y el señor no volvía ni enviaba dinero. El bullying que le hacían en la escuela sigue instalado en la nube de su memoria.

El Mogote guerrerense, en el municipio de Pilcaya, es un microcosmos de lo que ha ocurrido en México en los últimos cuarenta años. En aquel entonces, sólo dos familias habían perdido a su principal fuente de ingresos por una escapada migratoria irresponsable. Ahora, la mayoría de las casas carecen de una figura paterna que provea a su descendencia de lo necesario para comer, vestir y estudiar.

Con todo, la historia de Mardonio no es tan trágica: ahora, a sus 52 años, es un empresario que puede ir y venir entre México y Estados Unidos porque su padre, venturosamente, regresó cuando él tenía 11 años. En el lecho de muerte de la abuela juró que volvería y se llevaría a los niños para darles la dignidad que no tenían en ese pueblo, donde solamente una vez habían comido carne de res durante la infancia.

“En aquel tiempo el sufrimiento era también porque nos hacían bullying los compañeros de la escuela por no tener padre, sólo había dos señoras en todo el pueblo en esas condiciones”, recuerda Mardonio, quien es testigo de que muchos hijos de padres irresponsables “tienen otras tentaciones, consumen drogas y alimentan el crimen organizado, se vuelven secuestradores por la descomposición familiar”.

Pero él sabe que su caso no se da con frecuencia:

“Lamentablemente, en la mayoría de los casos no regresan por ellos”, dice al observar la crisis en su pequeño pueblo de Guerrero, donde ahora ya no sólo hay un par de familias afectadas, sino muchas más a las que dejaron a su suerte los padres que formaron otras familias lejos de casa.

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