SFP amplía facultades para investigar patrimonio de empleados federales

​Roberto Salcedo, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), amplió las facultades de sus subordinados en la dependencia para fortalecer la investigación del patrimonio de los empleados federales. 

Salcedo Aquino dio facultades a directores generales y titulares de Órganos Internos de Control para solicitar información fiscal, bursátil, fiduciaria y movimientos bancarios de los servidores públicos federales para investigar la evolución de su patrimonio.

Por la mañana se publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se argumentó que el secretario de la Función Pública delegó la facultad que sólo tenía él para solicitar a las autoridades competentes la información en materia fiscal, bursátil, fiduciaria, y la relacionada con operaciones de depósito, ahorro, administración e inversión de recursos monetarios de los servidores públicos federales.

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El documento refiere que, “a efecto de optimizar y hacer eficiente el ejercicio de las diversas facultades de investigación y sanción de responsabilidades administrativas, y de verificación de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos declarantes”, las autoridades tendrán nuevas facultades.

Las autoridades de la SFP que ahora podrán solicitar esta información son el titular de la Unidad de Denuncias e Investigaciones, el director general de Denuncias e Investigaciones, el de Investigación Forense, el de Responsabilidades y Verificación Patrimonial, el coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control, el titular de cada Órgano Interno de Control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y el titular de cada Unidad de Responsabilidades de las empresas productivas del Estado.

Esta información patrimonial podrá ser solicitada a las autoridades competentes cuando la SFP requiera verificar la evolución de la situación patrimonial de los declarantes, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos.

Además, el acuerdo explica que, al tratarse de órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, “no les son oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios”.

El procedimiento para solicitar la información patrimonial de los empleados federales a las autoridades correspondientes será establecido por el Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control.

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