TEPJF valida triunfo de Américo Villarreal en Tamaulipas; descarta intervención del crimen

El Tribunal Electoral descartó intervención o financiamiento del crimen organizado en la elección de la gubernatura de Tamaulipas, confirmó la validez del proceso, la elegibilidad y el triunfo de Américo Villarreal, al exhibir que el Partido Acción Nacional entregó pruebas viejas, de momentos distintos a la elección, dichos de reporteros que ya fueron desmentidos y ligas de notas periodísticas sin mayores elementos de certeza.

La Sala Superior acreditó que el canciller Marcelo Ebrard generó inequidad en la elección, pero no se pudo comprobar que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación, Adán Augusto incurrieran en ilícitos por estar en el cierre de campaña pues el PAN no presentó más que links de notas, por lo que no pudieron indagar si tuvieron una participación activa e indebida.

A lo que se sumó la participación de algunos servidores de la nación como representantes de casilla. Por lo que, a propuesta de la magistrada Janine Otálora y Felipe de la Mata, ordenaron al Instituto Nacional Electoral que emita reglas y sanciones claras que podrían llegar hasta el grado de perder el modo honesto de vivir, respecto a las prohibiciones de los funcionarios públicos, no sólo de aquellos de primer nivel, sino quienes puedan generar una presión ante el electorado como es el manejo de programas sociales.

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También exhibieron que el INE no ha cumplido con la orden que recibió en la sentencia de la elección a la gubernatura de Michoacán el año pasado, para desarrollar un protocolo con las instancias de seguridad que incluyera filtros para frenar a los grupos criminales. Por lo que adicionaron estas exigencias al proyecto original dándole 30 días para que cumpla ambos lineamientos.

Tribunal de Tamaulipas fue omiso pero no hay elementos para anular 

Al explicar su propuesta de sentencia, el magistrado José Luis Vargas sostuvo que le llamó “la atención un reclamo persistente que fue que no se dejara de sancionar la intervención de grupos de la delincuencia organizada y financiamiento ilícito” y que en los últimos días se “intensificaron” las publicaciones y señalamientos sobre este caso exigiendo la nulidad de la elección.

Por lo que recordó que la nulidad no es una sanción sino una consecuencia y “anular elecciones siempre ha sido la excepción para no tratar de ganar en tribunales lo que no se ganó en las urnas”, pues anular un proceso afecta los derechos de la ciudadanía.

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Comenzó dejando claro su “rechazo enérgico” a cualquier tipo de presión que ponga en riesgo los derechos y libertades de las personas y sostuvo que “no desconozco lo delicado de este problema en nuestro país”, pero señaló que la responsabilidad de la Sala Superior es tomar una decisión basados en la certeza, y confirmó que el Tribunal Electoral de Tamaulipas cometió irregularidades al descartar pruebas entregadas por el PAN.

Detalló que su proyecto analizó 35 pruebas documentales y videos para comprobar las tres acusaciones del PAN: vínculos entre candidatos y dirigentes de morena con grupos criminales que se redujeron en supuesto apoyo; hipotética aportación de recursos de origen ilícito a la candidatura; y actos de violencia y presión hacia el electorado.

Vargas explicó que “de las notas aportadas no es posible formular un vínculo directo ya que se presentan como suposición que deriva de que el candidato fungió como delegado de Morena en Sinaloa y conoció a un empresario que se identificó como líder de un grupo delictivo dedicado al contrabando de hidrocarburos”.

jvl