La doble moral de Jalisco entre el aborto y las infancias trans

Jalisco, un estado donde la tradición religiosa y el conservadurismo político se entrelazan, enfrenta una contradicción reveladora: avanza en reformas progresistas solo por obligación judicial, pero sabotea su puesta en marcha real. Este doble rasero se ejemplifica en dos luchas paralelas: el acceso efectivo al aborto y el reconocimiento legal de las infancias trans.

Un logro condicionado

El 5 de octubre de 2024, tras dos rondas de votación, los diputados de Jalisco aprobaron la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, lo hicieron a puerta cerrada, convirtiéndose en el único de los 15 estados donde la votación se llevó a cabo mediante voto secreto. Este mecanismo inusual en decisiones de tal magnitud evidenció el miedo de los legisladores a enfrentar a su base electoral conservadora, incluso cuando cumplían un mandato constitucional.

En la primera ronda de votación, el empate (18 a favor, 18 en contra y una abstención) expuso el peso de la moral conservadora, que incluso en el anonimato inhibió el compromiso de algunos diputados. La abstención y las presiones externas reflejaron un clima político donde la decisión individual se protegió, pero la legitimidad del proceso democrático se debilitó. En la segunda ronda, se alcanzaron 20 votos a favor y 16 en contra, lo que permitió la aprobación de la reforma. No obstante, el uso de urnas secretas generó críticas, ya que los legisladores evitaron asumir públicamente su postura, temiendo represalias.

Aunque el Código Penal ya no criminaliza el aborto hasta la semana 12, la reforma no garantiza su acceso gratuito ni seguro. Organizaciones como GIRE y CLADEM han advertido que el dictamen mantiene sanciones al personal médico que practique abortos sin consentimiento, lo que fomenta la objeción de conciencia y limita los servicios. De acuerdo con GIRE, el 72 por ciento de las mujeres en Jalisco vive en municipios sin hospitales públicos capacitados para realizar abortos, lo que las obliga a viajar o endeudarse. En diciembre, la nueva Legislatura heredó la responsabilidad de reglamentar la práctica y garantizar el servicio médico público, pero hasta ahora no ha tomado acción.

Cuatro meses después de la despenalización, este fin de semana llegó a Guadalajara la primera clínica privada que ofrece abortos. Ginecea, con presencia en más de cinco estados del país, enfrentó en Jalisco una resistencia sin precedentes. Seis dueños de inmuebles en la Zona Metropolitana de Guadalajara cancelaron contratos de arrendamiento al enterarse del giro comercial. La presión no se detuvo ahí. Un día antes de la inauguración, la clínica sufrió ataques cibernéticos y su página de Facebook fue suspendida.

El doctor Alfredo Valdez, fundador de Ginecea, recuerda su experiencia en la Ciudad de México en 2007, cuando se despenalizó el aborto. En menos de un mes, los hospitales públicos ya ofrecían el servicio. “En Jalisco llevamos cuatro meses y aún no hay protocolos médicos claros”, señala. Mientras en la capital el inicio de operaciones fue inmediato, en Jalisco el derecho al aborto sigue dependiendo del acceso económico de las mujeres.

El debate postergado

Mientras el aborto avanza a medias, las infancias trans siguen en el limbo. En 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de Jalisco reconocer legalmente la identidad de género de menores, pero los legisladores postergaron la discusión, argumentando falta de consenso. La bancada mayoritaria de Movimiento Ciudadano y la diputada de Morena Brenda Carrera García, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, han bloqueado sistemáticamente la iniciativa.

Paradoja legislativa

En 2020, Jalisco se convirtió en el primer estado en reconocer a las infancias y adolescencias trans mediante una reforma al reglamento del Registro Civil, permitiendo la rectificación de documentos sin restricciones de edad. Sin embargo, en 2022, el Congreso revirtió este avance, limitando el cambio de identidad a personas mayores de 18 años. Esta reforma contradijo el precedente de 2020 y colocó al estado en una crisis constitucional: primero reconoció derechos, luego los violó abiertamente.

En octubre de 2023, en paralelo a la discusión sobre la despenalización del aborto, el Congreso volvió a rechazar una iniciativa para reincorporar a las infancias trans en la legislación estatal. Organizaciones de derechos humanos calificaron esta decisión como una violación a los derechos fundamentales.

El 16 de enero de 2025, una sesión extraordinaria para discutir la iniciativa de ley fue suspendida por falta de consenso. La diputada Brenda Carrera anunció foros de consulta que nunca se realizaron, lo que fue interpretado como una táctica dilatoria. El 21 de enero, la SCJN reiteró su exigencia al Congreso de Jalisco para legislar, advirtiendo sanciones por desacato. Finalmente, el 12 de febrero, la iniciativa fue transferida de la Comisión de Asuntos Legislativos a la Comisión de Igualdad Sustantiva, presidida por la morenista Candelaria Ochoa.

Aunque Carrera fue la proponente inicial de la ley, colectivos LGBTQ+ denunciaron que había cedido a presiones de su partido para priorizar temas con mayor rentabilidad electoral. Este cambio de estrategia pareció buscar una aprobación rápida, sin un debate profundo. PAN y Movimiento Ciudadano han bloqueado la iniciativa, argumentando que los menores "no pueden decidir" sobre su género y que se debe proteger a la "familia tradicional".

Ayer, finalmente, la propuesta de ley fue aprobada en comisión, permitiendo el reconocimiento de la identidad autopercibida en menores. De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), el 68 por ciento de los menores trans en el estado enfrenta acoso escolar debido a la falta de documentos que reflejen su identidad. Ahora, la iniciativa debe ser discutida y votada en el pleno del Congreso. La decisión recae en la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Magaña, de Movimiento Ciudadano, quien tiene la facultad de darle trámite o seguir postergándola.

Bajo la sombra de la SCJN

Jalisco ha legislado bajo la sombra de la SCJN, pero niega la luz de los recursos y la voluntad política. Mientras el aborto se convierte en un privilegio de clase, las infancias trans siguen siendo rehenes de una guerra ideológica. Ambas realidades son caras de una misma moneda: una moralidad que supedita los derechos humanos a cálculos electorales.

El riesgo es claro: sin servicios públicos de aborto ni reconocimiento trans, el estado alimenta circuitos de clandestinidad y exclusión, alejándose del mandato constitucional que juró cumplir.

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