Jaime Rodríguez también omitió declarar ser socio de empresa desde 1993
El ex gobernador no declaró que es accionista de la empresa Centro Comercializador de Productos del Campo, donde tuvo un cargo directivo, de acuerdo a un expediente en la Contraloría del Estado.
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Jaime Rodríguez Calderón | Archivo
La Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado reveló que el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón no incluyó en sus declaraciones patrimoniales 57 propiedades a su nombre y al de familiares cercanos. Además, se descubrió que el ex mandatario no informó sobre su participación como socio en una empresa agraria desde 1993.
De acuerdo con el expediente UAPENL/EI/0113/2022, integrado por la Contraloría y Transparencia Gubernamental y mediante el cual esta dependencia lleva a cabo una investigación contra Rodríguez Calderón, el ex mandatario es accionista del Centro Comercializador de Productos del Campo SA de CV, empresa en la cual incluso pudo haber llegado a ocupar el cargo de presidente del Consejo de Administración.
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En la pesquisa realizada por la dependencia a cargo de María Teresa Herrera Tello, con esta omisión el ex gobernador incurrió en un conflicto de intereses e infringió el Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León.
“Con dicha omisión, el presunto responsable transgrede los principios de honradez, imparcialidad, integridad y rendición de cuentas que rigen el servicio público, al ser omiso en dar cuenta de los intereses que pudieran entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones; ello con independencia que se hubiera configurado o no dicho conflicto.
“Se evidencia que el presunto responsable incumple o transgrede las obligaciones que a todo servidor público le impone el Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como el código de ética que él mismo emitió, con el que se configura el segundo de los elementos de la falta administrativa atribuida que se encuentra plenamente acreditado”, detalla la investigación.
Destaca que, para fortalecer su investigación, la Contraloría solicitó información sobre el ex mandatario y su entonces esposa, Adalina Dávalos Martínez (quien fungió como titular del DIF estatal), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la CFE, a Agua y Drenaje de Monterrey, al Gobierno del Estado de Coahuila, entre otras.
Este viernes la plataforma MILENIO-Multimedios informó que, de acuerdo con una investigación realizada por la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, el ex gobernador omitió reportar en sus declaraciones patrimoniales la existencia de 57 inmuebles propiedad de él, de su entonces esposa y de uno de sus hijos, 14 de los cuales fueron adquiridos durante su administración.
Se señala que el presunto responsable incurrió en enriquecimiento oculto previsto en el Artículo 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“El servidor público tiene a su propiedad 57 bienes inmuebles que fue omiso en declarar (50 a su nombre, tres a nombre de su cónyuge, uno en copropiedad con su cónyuge, Adalina Teresa Dávalos Martínez, y tres a nombre de su dependiente económico, de nombre Hugo Alejandro Medrano Dávalos), de los cuales, 14 fueron adquiridos dentro del periodo que fue gobernador constitucional del Estado de Nuevo León.
“Esta autoridad investigadora está en aptitud de determinar en esta etapa que sí existe conducta cometida por el servidor público investigado, Jaime Rodríguez Calderón, la cual constituye faltas administrativas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, se lee en documentos que forman parte de la investigación revelada ayer.
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Jaime Rodríguez Calderón olvidó su propio código
En su investigación, la dependencia del Gobierno nuevoleonés detectó que Rodríguez Calderón no solo violó la ley al no declarar ser socio del Centro Comercializador de Productos del Campo, sino que también infringió un código de ética que él mismo estableció para los integrantes de su administración.
La pesquisa recuerda que, en 2016, el ex mandatario creó y publicó el Código de Ética para Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal, que tenía como uno de sus objetivos la obligatoriedad de declarar cualquier conflicto de interés de los integrantes del Gobierno, incluido el propio titular del Ejecutivo.
“Declararemos los posibles conflictos de interés en que pudiéramos incurrir, con el objeto de garantizar nuestra imparcialidad en la búsqueda del beneficio público”, establece el código creado por el ex gobernador con fecha del 19 de agosto de 2016.
Sin embargo, Rodríguez Calderón, quien estuvo en el penal de Apodaca más de tres meses por otro caso, no declaró que fue accionista de dicha firma.
“Puede verse con toda claridad que el código de ética vigente en ese momento y emitido por el propio presunto responsable, contenía la obligación a cargo de los servidores públicos de declarar los posibles conflictos de interés en que pudieran incurrir, con el objeto de garantizar su imparcialidad en la búsqueda del beneficio público”, establece la investigación.
Y agrega: “Con dicha omisión, el presunto responsable transgrede los principios de honradez, imparcialidad, integridad y rendición de cuentas que rigen el servicio público, al ser omiso en dar cuenta de los intereses que pudieran entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones; ello con independencia que se hubiera configurado o no dicho conflicto”.
La investigación detalla que, por estos hechos, quien fuera gobernador entre los años 2015 a 2021 fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por un periodo de seis meses.
La resolución causó ejecutoria el pasado 22 de marzo, tras confirmar la Contraloría que se incumplió con el Artículo 49 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Con base en dicha resolución se inscribió la inhabilitación por falta administrativa no grave el 28 de febrero de 2024, pero fue combatida por el ex mandatario, que buscaba librar la sanción. Por tal motivo, interpuso un juicio de nulidad que fue desechado por no agotar el recurso de revocación; con ello se consumó su inhabilitación.
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