Javier Garza y Garza seguirá como Fiscal Anticorrupción de Nuevo León; Samuel García desiste recursos ante Corte
Javier Garza y Garza continuará como titular de la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León tras el retiro del recurso de reclamación por parte del gobernador Samuel García.
Javier Garza y Garza seguirá al frente de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León, luego de que el gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, retirara el recurso de reclamación presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con esta decisión, se mantiene el acuerdo de un ministro que previamente negó la suspensión solicitada por el mandatario.
Durante la sesión de hoy, la Segunda Sala de la SCJN informó que García Sepúlveda también desistió de otros cuatro recursos de reclamación relacionados con incidentes de suspensión en distintas controversias constitucionales.
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En cada uno, impugnó los acuerdos del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien negó concederle suspensiones para frenar actos del Congreso Estatal.
Con su desistimiento, quedaron firmes los acuerdos del ministro, los cuales prevalecerán hasta que se resuelva de manera definitiva cada una de las cuatro controversias constitucionales presentadas por el mandatario estatal.
Los recursos de reclamación estaban bajo el estudio del ministro Javier Laynez Potisek, quien proponía declararlas infundados.
El tema que más sobresalía es el acuerdo que impidió echar abajo el nombramiento de Javier Garza y Garza como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León.
El gobernador impugnaba la decisión del ministro Ortiz Mena, quien el pasado 8 de octubre admitió la demanda, pero rechazó conceder la suspensión, ya que consideró que los efectos de los acuerdos controvertidos ya habían sido consumados y que la suspensión no podía tener efectos restitutorios.
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Lo anterior, porque el 18 de junio de 2024, el Congreso Local designó como fiscal a Javier Garza y Garza, quien repitió en el cargo por otros seis años.
El ministro Laynez Potisek iba a someter a votación un proyecto que señalaba que el acuerdo impugnado está relacionado con una designación de funcionarios públicos clave.
“En este sentido, el funcionario cuyo nombramiento se impugna ejerce un rol estratégico. Por tanto, el otorgamiento de la suspensión afectaría directamente la organización y funcionamiento de instituciones fundamentales para el Estado de Nuevo León, generando un perjuicio mayor al interés público...
“Es por ello que, aunque no es posible otorgar la suspensión por tratarse de actos consumados, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto que será resuelto en la sentencia definitiva, se concluye que tampoco sería posible otorgar la suspensión, pues es necesario garantizar la continuidad de las funciones estatales y evitar un impacto negativo en los servicios públicos que estas instituciones proveen a la ciudadanía”, detalla la propuesta, que ya no pudo ser sometida a votación.
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