Gobierno de Nuevo León aplica recorte del 23.83% en recursos del 2024 para organismos autónomos
Según el documento, el Congreso local había solicitado 494 millones de pesos, pero la Tesorería únicamente consideró 455 millones 682 mil pesos.
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Palacio de Gobierno de Nuevo León. | Especial
Luego de enviar el Paquete Fiscal 2024 a los diputados, quienes han expresado que no lo analizarán, el Gobierno del Estado decidió recortar un 23.83% de los recursos solicitados por el Congreso local, el Poder Judicial, la Fiscalía General y otros órganos autónomos.
Según el documento, en los anexos de la Ley de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024, el Congreso local había solicitado 494 millones de pesos, pero la Tesorería únicamente consideró 455 millones 682 mil pesos, lo que representa una reducción de 38 millones 318 pesos, equivalente a un 7.75% menos de lo solicitado, en medio de críticas por el proyecto de una nueva sede propuesto por el gobernador Samuel García hace dos años.
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Estos fueron los órganos autónomos afectados
Para el caso de la Auditoría Superior del Estado (ASE), éste órgano fiscalizador solicitó 362 millones 171 mil pesos, pero el ejecutivo avaló solo 328 millones 604 mil 995 pesos, con una diferencia de 33 millones 566 mil pesos, y variación de 9.26%.
La Fiscalía General de Justicia, con Pedro Arce Jardón al frente en medio de la polémica por el nombramiento como titular que tumbó la Suprema Corte, y con la necesidad de robustecer el área de mujeres y homicidios, contratar más de 280 ministeriales y continuar con los trabajos de ampliación del Servicio Médico Forense (Semefo), el estado disminuyó un 17.42% su presupuesto.
Arce Jardón solicitó 4 mil 961 millones 549 mil 182 pesos, y solo avaló el estado 4 mil 97 millones de pesos, con una diferencia de 864 millones 543 mil 183 pesos.
Al Poder Judicial que lidera Arturo Salinas, Magistrado Presidente, le asignaron sólo 2 mil 729 millones 375 mil 743 pesos de los 3 mil 561 millones 2 mil 866 pesos, con una diferencia 831 millones 627 mil 123 pesos, lo que significa que el ejecutivo redujó 23.35%.
El estado afirmó que el documento se hizo "con estricto ahorro y austeridad", priorizando el gasto de capital sobre el gasto corriente.
"Con el objetivo de continuar desarrollando proyectos de inversión que brinde una mayor utilidad a población neolonesa, la Iniciativa 2024 se realizó bajo una estricta política de ahorro y austeridad en todos los niveles de Gobierno que la conforman, priorizando el gasto de capital sobre el gasto corriente."
"No obstante, las transferencias realizadas particularmente en el sector de Gobierno de los Poderes Legislativo y Judicial y a los diferentes Organismos Autónomos han mostrado una presión latente sobre gasto durante los últimos años", justificaron.
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Los incrementos, indicaron, están por encima de las premisas empleadas, es decir, mientras que los Poderes y Organismos Autónomos han crecido de 2018 a 2024 en promedio 6.1% y 8.0%, respectivamente; la inflación aumentó en menor medida, en 4.5%, y el PIB real solo 1.1%.
El Instituto Estatal de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales obtuvo en lo planteado por el estado sólo 110 millones 754 mil 600 pesos, de los casi 185 millones de pesos, con una diferencia de 73 millones 675 mil pesos, que representan 39.94%.
Al Tribunal Estatal Electoral (TEE), que está pendiente de resolver los juicios en dicha materia del pasado proceso electoral, le avaló solo 80 millones de pesos, contra los 132 millones 842 mil 660 pesos, con una diferencia de 52 millones 842 mil, con un impacto del 39.77%.
En el caso del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCNL), que fue el más afectado, se le contemplaron 700 millones de pesos, con una diferencia de 765 millones 337 mil pesos y una diferencia del 52.22%.
Para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), que ha cuestionado acciones del gobierno por no aceptar recomendaciones de presuntas violaciones, fue a la única a la que se respetó lo solicitado con 87 millones de pesos, diez meses después del plazo constitucional.
El Congreso local rechazó estudiar el documento, argumentando que para revisarlo primero debe haber sesión de Pleno para que ingrese el expediente y comiencen con la etapa de análisis, una vez que haya Comisión de Presupuesto.
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