Diputados de oposición presentan acción de inconstitucionalidad por reforma al IECM

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Industrial (PRI), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano (MC), presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la reestructuración del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), pos supuestos vicios de procedimiento y de fondo en la reforma que aprobó el congreso capitalino el pasado 26 de mayo.

Ricardo Rubio, vicecoordinador del PAN en la Ciudad de México, mencionó que durante la aprobación de estas reformas presentó una moción suspensiva de 471 páginas, la cual tuvo que ser leída en su totalidad en el pleno por más de 10 horas seguidas; se pretendía que con la moción el dictamen regresara a la comisión de origen para

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El legislador aseguró que la impugnación busca evitar la eliminación de la Unidad de Derechos Humanos y Género del Instituto Electoral de la Ciudad de México, explicó que la exclusión de la unidad está prohibida por tratados internacionales y la Constitución.

“Impugnamos con el objetivo de evitar esta reestructuración nociva que compromete la cadena de custodia, de por ejemplo, de los paquetes electorales o de la misma función electoral, vamos a defender la democracia de la ciudad, no vamos a permitir que al instituto se le desmantele como se le está pretendiendo hacer”, comentó.

Las bancadas de oposición expusieron los puntos por lo que no deben desintegrarse cinco unidades del IECM, indicaron que con su desaparición, se compromete la defensa de los derechos para las personas con discapacidad, las mujeres y sectores que han sido marginados históricamente, además, presuntamente se pierde la especialización de los servidores públicos ya que se despedirá a 130 personas.

Ricardo Rubio afirmó que con la reestructura, distintos trabajadores absorberán las funciones de hasta cinco unidades, para las cuales no están especializados. Destaca la Unidad Técnica de Fiscalización, encargada de vigilar la correcta utilización de los recursos públicos dentro de los partidos políticos, asociaciones y candidatos.

“Si esta unidad no está en manos de profesionales, de personas que llevan muchos años con experiencia analizando estas causas electorales puede ser que quienes revisen no se percaten que hay recursos de procedencia ilícita de que hay intervención del sector privado o rebasen los topes de gastos de campaña lo que generaría una inequidad en la contienda y sería un desastre nuestras próximas elecciones”, denunció.

Por su parte, Diego Garrido, diputado panista, señaló que López Obrador ha ordenando la eliminación de los órganos y tribunales electorales. “Morena por la vía de leyes secundarias está cumpliendo ese capricho, tirando a la basura años de historia, de lucha y de instituciones democráticas”.

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Insistió que existen violaciones de fondo y procedimientos en la reforma y por ello piden a la SCJN frenar este proceso que han calificado como tóxico y regresiva.

“Hay anomalías parlamentarias de fondo, la Comisión de Asuntos Político-Electorales, convocó de forma extraordinaria sin justificación, sin argumento y sin motivar ni fundar porque citaba a sesiones extraordinarias sin la firma incluso, del secretario de la propia Comisión”, señaló Garrido.

Las bancadas denuncian que el gobierno de la 4T pretende poner en riesgo el proceso electoral de 2024, así como vulnerar la autonomía del organismo. Gonzalo Espina habló de la importancia de alzar la voz para que la ciudadanía sepa que hay oposición y que “no vamos a permitir los atropellos de Morena, no pudieron hacerlo por la vía de la Constitución local porque es débil su mayoría en el congreso local, sólo pueden con mañosas leyes”.

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La acción de inconstitucionalidad contiene las 22 firmas necesarias para que la corte la admita, por lo que esperan el fallo sea otorgado para el mes de diciembre.

“Los tiempos de resolución son indefinidos en el caso de la Suprema Corte, sin embargo nosotros estaremos yendo a hacer nuestra acción de cabildeo con el ministro que corresponde, es un derecho que tenemos de pedir audiencia pública con él para explicarles nuestros motivos de viva voz, el por qué debe de proceder esto y pues los tiempos son abiertos en estos casos, unas se resuelven rápido, otras a largo plazo, nosotros consideramos que vamos a tener un fallo medianamente por ahí de diciembre porque no puede pasar de este ejercicio fiscal”, concluyó Ricardo Rubio.

FM 

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